La estrategia, liderada por el Ministerio de Minas y Energía, busca asegurar que el biocombustible producido, importado, comercializado y almacenado en el país cumpla estrictamente con los estándares técnicos vigentes y contribuya a la estabilidad del mercado.

Según informó la cartera energética, las acciones tendrán un enfoque interinstitucional y estarán orientadas no solo a verificar el cumplimiento de la normatividad, sino también a proteger a los consumidores y fortalecer la sostenibilidad ambiental del sector. La iniciativa surge en un contexto de tensiones por precios, abastecimiento y condiciones laborales en la cadena productiva del etanol.

El plan se desarrollará de manera articulada con la Superintendencia de Industria y Comercio y el Ministerio del Trabajo, con el propósito de garantizar condiciones de competencia justa, salvaguardar el empleo y ordenar el funcionamiento del mercado. El Gobierno enfatizó que la inspección no solo se centrará en la calidad del producto, sino también en las dinámicas comerciales que rodean su distribución.

Paralelamente, el Ministerio instaló mesas de seguimiento y diálogo orientadas a construir soluciones regulatorias de mediano y largo plazo, especialmente en lo relacionado con la formación de precios y el ordenamiento del abastecimiento en el territorio nacional. La meta es ofrecer reglas claras y previsibles para todos los actores de la cadena, desde productores hasta mayoristas y distribuidores.

Durante dos días de trabajo continuo, participaron entidades como el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio del Interior, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. También hicieron presencia representantes de Asocaña y voceros sindicales de la Central Unitaria de Trabajadores, la Confederación General del Trabajo y la Confederación de Trabajadores de Colombia, además de trabajadores de los sectores de la caña y la palma.

El Gobierno informó que extendió formalmente la invitación a la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas y a agentes mayoristas del sector para sumarse a las mesas de diálogo. Sin embargo, estos actores no asistieron a la convocatoria inicial. La cartera reiteró que los espacios permanecen abiertos, bajo la premisa de que la concertación es la vía para resolver las diferencias estructurales del mercado.

Desde el Ejecutivo se subrayó que el paquete integral de inspección busca avanzar hacia un mercado de biocombustibles más transparente, competitivo y alineado con los estándares de calidad que exige la transición energética justa.

En esa línea, aseguran que el etanol, como componente fundamental en las mezclas con gasolina, cumple un papel estratégico tanto en la reducción de emisiones como en el impulso a la agroindustria nacional. Finalmente, el Gobierno reafirmó su respeto por el derecho a la protesta y su compromiso con una salida democrática a los conflictos que atraviesan el sector.