El Gobierno Nacional declaró como servicio esencial a la producción, transporte, distribución y comercialización de combustibles, a través del Decreto 340/2025 publicado recientemente en el Boletín Oficial.

La normativa los incluye en el listado de actividades que deben garantizar una cobertura mínima del 75 por ciento en caso de conflictos colectivos de trabajo, lo que limita la posibilidad de paralización total. De esta forma, se establece un marco legal específico que busca asegurar la continuidad operativa de un sector considerado estratégico para el funcionamiento del país.

La declaración de esencialidad abarca a toda la cadena: desde la producción en yacimientos y refinerías, hasta el transporte y la venta al público. El texto oficial también contempla otros servicios vinculados, como la energía eléctrica, el gas y el agua potable, junto con sectores como telecomunicaciones, aeronáutica, salud y educación.

Entre los fundamentos del decreto, se destaca que la interrupción del suministro de combustibles puede afectar el abastecimiento interno, la conectividad regional, la operación de servicios públicos y el comercio exterior, con impactos en la balanza de pagos y en el desarrollo de las economías regionales.

La medida también hace referencia al papel de la Marina Mercante Nacional en el transporte de combustibles y establece un régimen de excepción que flexibiliza algunas condiciones operativas para el sector naviero, con el objetivo de reducir costos logísticos, atraer inversiones y aumentar la competitividad.

La declaración de servicios esenciales no es una figura nueva en el ordenamiento legal argentino. La Ley 25.877 ya contemplaba la posibilidad de establecer garantías mínimas en determinados sectores. Con esta medida, se refuerza esa definición y se amplía el alcance a nuevos rubros, entre ellos, los relacionados con la energía.

Desde el sector empresarial se observó con atención la publicación del decreto. Referentes de la industria energética y del comercio minorista de combustibles consideran que el reconocimiento como actividad esencial podría tener efectos positivos, al brindar mayor previsibilidad jurídica y operativa. No obstante, también señalan que será clave la reglamentación posterior y su aplicación concreta.

En paralelo, algunos gremios advirtieron que la norma podría restringir el derecho a huelga, por lo que se esperan pronunciamientos y posibles planteos legales en torno a los alcances del nuevo marco regulatorio.

La medida se enmarca en un conjunto más amplio de disposiciones orientadas a desregular y reconfigurar el sistema logístico nacional, especialmente en lo vinculado al transporte marítimo y fluvial. Según el Gobierno, estas reformas apuntan a revertir la pérdida de competitividad y fomentar el desarrollo del sector energético y comercial.