En una medida que modifica el esquema vigente desde hace más de dos décadas, el Ministerio de Economía de la Nación ha reconocido oficialmente a la firma Lenor S.R.L. como laboratorio de ensayos para la Aprobación de Modelo, Verificación Primitiva y Verificación Periódica del Reglamento Técnico y Metrológico de Medidas. La decisión, formalizada a través de la Disposición 128/2025 publicada en el Boletín Oficial, implica la incorporación de un actor privado a un proceso que hasta ahora estaba exclusivamente en manos del Instituto Nacional de Tecnología Industrial.

Desde 2003, la Dirección Técnica de Metrología Legal del INTI ha sido la única entidad encargada de realizar ensayos y verificaciones en distintos instrumentos de medición reglamentados por el Estado Nacional. Entre ellos se incluyen los surtidores de combustible líquido, balanzas de funcionamiento no automático, termómetros clínicos, etilómetros, cinemómetros, medidores de servicios públicos y tanques fijos de almacenamiento, entre otros dispositivos clave para el control de la actividad comercial y la seguridad de los consumidores.

Uno de los aspectos más relevantes del control volumétrico aplicado a los surtidores de combustibles es la garantía de exactitud en la entrega de los litros que se comercializan. Para ello, los equipos técnicos verifican la idoneidad de las mangueras y la calibración de los equipos, asegurando que la cantidad despachada coincida con la indicada en los dispositivos. Según las normativas vigentes, la diferencia permitida no puede superar los 120 mililitros en una carga de 20 litros, lo que equivale a un 0,6 por ciento de margen de tolerancia.

En caso de que una inspección detecte una infracción a este límite, se labra un acta que es remitida a la Secretaría de Energía de la Nación, entidad encargada de aplicar las sanciones correspondientes. Si el procedimiento de verificación resulta satisfactorio, se colocan precintos identificatorios en el surtidor y estampillas autodestruibles prenumeradas, las cuales deben ser renovadas anualmente para garantizar la vigencia del control.

La incorporación de un nuevo jugador al proceso de verificación introduce un nuevo escenario en el sector. La posibilidad de contar con una alternativa privada al INTI podría redundar en una mayor competencia y eficiencia en la prestación del servicio, aunque también plantea interrogantes respecto a la regulación y el control de los procedimientos.

Desde el Gobierno, se sostiene que esta apertura permitirá agilizar las inspecciones y reducir costos para los operadores del sector, favoreciendo la transparencia y la equidad en las transacciones comerciales.