La Secretaría de Energía publicó el pasado 16 de febrero de 2026 en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo que establece nuevas obligaciones en materia de Manifestación de Impacto Social del Sector Energético, una disposición que amplía el alcance regulatorio y fortalece el enfoque de derechos humanos en los proyectos de infraestructura.

En este sentido, Jared Barrios Valladares y Javier Govea Soria, socios de GMB Abogados, compartieron a Surtidores Latam su análisis sobre el impacto de esta nueva regulación y destacaron su relevancia para el desarrollo ordenado de la industria.

Según explicaron los especialistas, si bien desde 2018 ya existían reglas que exigían la Evaluación de Impacto Social para proyectos de hidrocarburos y electricidad, la nueva disposición amplía el marco de aplicación a otros segmentos estratégicos como biocombustibles y geotermia.

“Las nuevas reglas evidencian un gran liderazgo institucional en la Secretaría de Energía, pues su diseño amplía el marco de aplicación a otras ramas del sector energético adicionales a la electricidad e hidrocarburos, como el de los biocombustibles y la geotermia”, señalaron. 

Uno de los puntos centrales de la reforma es la clasificación de los proyectos en tipos A, B y C, de acuerdo con su dimensión, inversión y posibles riesgos sociales asociados: “Entre más impactos significativos se puedan derivar, mayores serán los requisitos para la gestión del trámite y también las medidas de prevención, mitigación, compensación y remediación que el regulado deba proponer a la autoridad”.

En ese sentido, los proyectos tipo B y C deberán presentar información más detallada, como el monto total de inversión, CAPEX, OPEX, fuentes de financiamiento y análisis costo-beneficio. También deberán profundizar en aspectos territoriales, afectación de derechos humanos o colectivos, patrimonio cultural, escenarios de riesgo y cumplimiento de Normas Oficiales Mexicanas, entre otros.

Además, mientras que los proyectos tipo A podrán sustentarse principalmente en indicadores sociodemográficos, los tipos B y C requerirán trabajo de campo para la identificación y caracterización de las localidades dentro del área de influencia.

Otro aspecto relevante es la homologación regulatoria para los esquemas de autoconsumo, que anteriormente no estaban sujetos a las mismas cargas regulatorias.

“Esta disposición ya los obliga a gestionar una MISSE y proponer un Plan de Gestión Social en beneficio de la comunidad. Lo anterior dará mayor dinamismo y piso parejo a la última parte de la cadena de valor del sector hidrocarburos”, subrayaron los especialistas.

Este análisis también pone en relieve el impacto social positivo que generan proyectos como las estaciones de servicio, cuya contribución va mucho más allá del despacho de combustibles.

“Una Estación de Servicio no solamente provee combustible; también ofrece servicios financieros, pagos de servicios, distribución de bienes de primera necesidad, e incluso alimentación, hospedaje y servicios para transportistas”, detallaron-

Asimismo, resaltaron la generación de empleos directos durante las etapas de diseño, construcción y operación, así como los empleos indirectos vinculados al cumplimiento regulatorio, unidades de verificación, consultores, servicios ambientales y pruebas técnicas. “Todo ello lleva implícito el compromiso social de los inversionistas”, enfatizaron.

La disposición establece también la no exigibilidad de la MISSE para instalaciones de usos propios y usuarios finales, lo que podría dinamizar sectores como la industria minera, siderúrgica o la construcción de infraestructura carretera y vivienda.

Finalmente, desde GMB Abogados, advirtieron que el éxito de la reforma dependerá de su correcta implementación. “Es deseable que la SENER obtenga los recursos financieros y humanos que le permitan autorizar en los tiempos previstos y verificar su cumplimiento, a fin de comunicar de manera efectiva a las comunidades los beneficios sociales que el regulado se obligue a proporcionar”, concluyeron.