Autoridades de CECHA mantuvieron un encuentro con la legisladora nacional y presidenta de la comisión de  Comercio en la Cámara Baja, Gabriela Lena, con el objetivo de avanzar con el tratamiento del proyecto de ley sobre operatoria con tarjetas de crédito en Estaciones de Servicio.

El presidente de CECHA y FECRA, Vicente Impieri, explicó “los constantes reclamos realizados por el cobro de  comisiones abusivas impuestas en la operatoria con tarjetas de crédito, que en promedio van del 1,30 a 1,50 por ciento sobre el total facturado, como así también por los excesivos días que tardan en acreditar los importes por ventas con los plásticos”.

El dirigente también comentó que se ha transmitido innumerables veces inquietudes y reclamos a las empresas emisora para resolver esta situación, “pero lamentablemente no hubo respuestas favorables, como tampoco de parte de los diversos funcionarios  a los cuales se le ha informado  el perjuicio que ocasiona operar de esta manera”, sostuvo.

“Las Estaciones de Servicio son PyMEs muy particulares, pues los precios de venta de los combustibles no pueden ser modificados y por lo tanto el expendedor, a diferencia de otros comerciantes, no puede cargar los costos financieros que conlleva los excesivos aranceles y plazos”, manifestó Impieri.

Junto con Guillermo Lego, gerente general de la Confederación, se detalló la acción judicial emprendida por FAENI, entidad asociada a CECHA la cual obtuvo un fallo en primera instancia del Juzgado Nacional en lo Comercial Nº8 de CABA, que hizo lugar a su reclamo de abuso de posición dominante. Con esta sentencia, en  Santa Fe, la comisión por la venta de combustibles con tarjetas de crédito no debe ser mayor al 0,5 por ciento y la acreditación de los pagos tiene  que efectivizarse en un plazo máximo de tres días.

La diputada de Juntos por el Cambio receptó con total atención el reclamo de los empresarios  y se comprometió a elaborar un informe de situación del sector y a impulsar el tratamiento del tema en la comisión de Comercio que ella preside.

El objetivo es lograr la modificación de la ley 25.065, que permita establecer definitivamente como tope el 0,5 por ciento del arancel para las operaciones de pago con tarjetas de crédito, cualquiera sea el banco o la entidad emisora, y que la acreditación se reduzcan a 48/72 horas.