En Costa Rica, cargar combustible en una Estación de Servicio puede parecer una acción rutinaria. Sin embargo, detrás de cada litro despachado existe una compleja estructura normativa que asegura mucho más que el simple funcionamiento de bombas y tanques: se trata de garantizar la seguridad, la salud pública y la protección ambiental.

La puesta en marcha legal depende de dos permisos fundamentales, el sanitario de funcionamiento, otorgado por el Ministerio de Salud, y la concesión de operación del servicio público, emitida por el Ministerio de Ambiente y Energía. Sin estas habilitaciones, no solo se compromete la continuidad del negocio, sino que se ponen en riesgo aspectos críticos relacionados con el manejo responsable de los combustibles.

En este sentido, Pablo Guzmán, director del Departamento de Ingeniería de la Cámara de Empresarios del Combustible, expresó que estos trámites no deben ser vistos como una carga administrativa. “Representan garantías técnicas y legales que aseguran una operación segura, responsable y sostenible”, señaló, destacando su impacto directo sobre la salud de los trabajadores, los usuarios y las comunidades aledañas.

El permiso sanitario de funcionamiento, en particular, regula aspectos como el manejo de hidrocarburos y la gestión de residuos, asegurando que las estaciones operen bajo condiciones que protejan tanto la salud humana como el entorno natural. Esto se traduce en un entorno más confiable para los consumidores, que pueden abastecer sus vehículos con la tranquilidad de que se minimizan riesgos de fugas, explosiones o contaminación.

Por su parte, la concesión de servicio público del MINAE está enfocada en aspectos técnicos que aseguran la protección del inmueble, del área circundante y de los propios clientes. Además, su vigencia fue recientemente extendida, ya que mientras que antes debía renovarse cada cinco años bajo el decreto 30131-MINAE-S, ahora tiene un plazo de diez años según lo establece el nuevo decreto 43449-MINAE. 

Esta concesión también es requisito indispensable para formalizar contratos de compra de combustibles con RECOPE, la principal distribuidora del país.

El cumplimiento de ambos permisos no es opcional. Las estaciones que operen con documentos vencidos se exponen a sanciones severas, incluyendo la suspensión o el cierre definitivo del establecimiento. Más allá de las consecuencias legales, el incumplimiento también deteriora la reputación del empresario y del sector en general.

Desde la Cámara de Empresarios del Combustible insistieron en la necesidad de cumplir rigurosamente con estas normativas. Guzmán hizo un llamado explícito a los operadores de todo el país a no subestimar la importancia de estas obligaciones. “El cumplimiento fortalece la imagen del sector y promueve una operación más segura, transparente y sostenible”, subrayó.