En un sector tan regulado, las tensiones entre las autoridades y las empresas suelen ser inevitables. Sin embargo, hay un camino que demostró ser más productivo que la sanción: la regularización de obligaciones. Así lo aseguró Javier Govea Soria, socio de GMB Abogados, en diálogo con Surtidores Latam, quien sostuvo que este mecanismo “es el mejor instrumento de concertación público-privada, porque permite alcanzar los objetivos normativos sin frenar la actividad económica”.

Los programas de regularización implementados por instancias como la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente y la extinta Comisión Reguladora de Energía tuvieron resultados concretos. Según Govea, estas iniciativas “sirvieron para que muchos permisionarios se pongan al día en sus trámites, actualicen sus permisos y corrijan omisiones, sin necesidad de llegar a sanciones severas”.

El abogado explicó que el valor de estas medidas está en su equilibrio: “La regularización combina la verificación de la autoridad con incentivos al cumplimiento voluntario. Es más eficaz que castigar, porque logra que los empresarios se comprometan realmente con las reglas”.

Un ejemplo reciente de esta lógica fue el Acuerdo Voluntario para mantener el precio de la gasolina regular por debajo de los 24 pesos por litro. Para Govea, su impacto fue claro: “Ese acuerdo permitió que los empresarios gasolineros hicieran un esfuerzo responsable y, al mismo tiempo, el Gobierno logró contener la inflación. Es la muestra de que cuando hay diálogo y corresponsabilidad, se beneficia toda la sociedad”.

A partir de ese antecedente, las mesas de trabajo entre autoridades y representantes del sector avanzaron hacia otro objetivo: reducir costos regulatorios y dar mayor certidumbre jurídica mediante la simplificación administrativa. “Se trata de hacer que las obligaciones sean claras y accesibles, para que el cumplimiento sea la regla y no la excepción”, explicó.

En lo ambiental, el especialista señaló que las Estaciones de Servicio cuentan con mecanismos de evaluación definidos, como el informe preventivo de impacto ambiental previsto en la NOM-005-ASEA-2016. 

“Cuando se cumple con estos dictámenes, la autoridad tiene la certeza de que las condiciones de seguridad y medio ambiente están cubiertas. En muchos casos, lo que falta es más bien documentación, no infraestructura”, aclaró.

Mirando hacia adelante, la ASEA ya anunció un nuevo Programa de Regularización en materia de impacto ambiental. Govea celebró la iniciativa, aunque advirtió: “El éxito dependerá de que las sanciones sean proporcionales y de que haya acompañamiento real a los regulados. No se trata de poner trabas, sino de abrir la puerta a la formalización”.