La reciente rotura en la boya petrolera de José Ignacio, pieza clave para el abastecimiento de crudo a la refinería de La Teja, continúa generando repercusiones que trascienden lo estrictamente técnico y se instalan en la arena política.

La falla se produjo en el sistema PLEM —ubicado a unos 20 metros de profundidad— que conecta la boya con tierra firme. Su reparación, según explicó la presidenta de ANCAP a Surtidores, Cecilia San Román, no es sencilla debido a la combinación de factores climáticos y la complejidad de los trabajos submarinos. “Muchas veces en superficie el clima puede ser de un día soleado, sin viento, pero a esa profundidad la realidad es otra, lo que hace inviable los trabajos”, señaló en diálogo con nuestro medio.

Ante la imposibilidad de bombear crudo desde José Ignacio hasta La Teja, ANCAP se vio obligada a importar combustibles refinados, lo que ya genera costos adicionales para la empresa estatal.

RECLAMOS DESDE EL PARLAMENTO

El diputado nacionalista Federico Casaretto, en declaraciones a FM Gente de Maldonado, expresó su preocupación por los gastos asociados a la contingencia y advirtió que “no los termine pagando Juan Pueblo”. El legislador anunció que solicitará una audiencia con el directorio de ANCAP para conocer el estado actual de las reparaciones y las perspectivas de solución.

“No dan con la tecla en la rotura”, apuntó, y criticó que el ente “está colocando un parche en lugar de repararla por completo”. En ese sentido, afirmó que existen empresas uruguayas capacitadas para este tipo de intervenciones y cuestionó la decisión de contratar técnicos chilenos, con el costo extra que ello implica. “Acaban de hacer una prueba y vuelven a tener la misma pérdida”, subrayó.

¿AJUSTE ADICIONAL DE PRECIOS?

Casaretto advirtió además que, de prolongarse la situación, podría incidir en un ajuste de los precios de los combustibles previsto para noviembre.

Por su parte, el senador del Partido Nacional Pablo Abdala, presentó un pedido de informes para que ANCAP detalle el impacto económico de la paralización y especifique el costo de las importaciones. Según estimó, la empresa estatal estaría perdiendo “cerca de medio millón de dólares diarios”.