A seis meses del inicio de la Estrategia Nacional para Promover la Estabilización del Precio de la Gasolina, las autoridades federales intensificaron las verificaciones en Estaciones de Servicio y detectaron irregularidades que derivaron en clausuras, inmovilizaciones y denuncias penales. Entre Operativos Extraordinarios y Revisiones de Campo, Profeco y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente consolidan cifras que ponen foco tanto en el control técnico de dispensarios como en el cumplimiento ambiental y administrativo.
Durante las 22 jornadas de verificación realizadas en otras tantas entidades federativas, las brigadas a cargo de Iván Escalante, Procurador Federal del Consumidor y Armando Ocampo Zambrano, Director Ejecutivo de ASEA inspeccionaron 147 gasolineras. Como resultado de esas visitas, 122 instalaciones fueron clausuradas de manera temporal por no exhibir la Manifestación de Impacto Ambiental vigente. Además, en Querétaro se aplicaron dos clausuras por reincidencia en la negativa a permitir la verificación, medida tomada por Profeco ante la falta de colaboración de las operadoras.
En materia metrológica, las brigadas inmovilizaron 651 instrumentos de medición, entre surtidores y equipos afines, debido a irregularidades detectadas: venta de litros incompletos, incongruencias entre los reportes electrónicos y las bitácoras, o fallas manifiestas en los equipos. Profeco y ASEA recordaron en su comunicado que la venta de litros incompletos constituye un delito y que, cuando la merma supera 300 mililitros por cada 20 litros vendidos, se presenta la denuncia ante la Fiscalía General de la República. Hasta la fecha se han interpuesto 36 denuncias por ese motivo.
Las autoridades señalaron que la ratificación de la estrategia por parte del sector privado, efectuada el 2 de septiembre, consolidó un trabajo conjunto entre gobierno e iniciativa privada para proteger el poder adquisitivo de las y los consumidores. Según el pronunciamiento oficial, esa cooperación contribuyó a mantener el precio promedio nacional de la gasolina regular por debajo de $24 pesos por litro.
Especialistas y actores del sector valoraron la intensificación de los controles. Javier Govea Soria, consultor en derecho ambiental y energético de GMB Abogados, había adelantado a Surtidores Latam, que era previsible un aumento en las medidas de verificación con el objetivo de garantizar el cumplimiento continuo de las obligaciones regulatorias.
En la misma línea, los organismos públicos reiteraron que los controles continuarán para asegurar que el servicio que recibe la ciudadanía sea “justo, legal y seguro”. Cabe destacar que muchos analistas del sector recomendaron en reiteradas ocasiones a las operadoras ajustarse a las exigencias regulatorias y apoyarse en técnicos y asesores confiables para evitar sanciones y clausuras.
Vale aclarar que las visitas se concentraron en 22 entidades: Puebla, Querétaro, Chiapas, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Guanajuato, Nuevo León, Michoacán, Tlaxcala, Ciudad de México, Jalisco, Veracruz, Chihuahua, Yucatán, Campeche, Durango, Sinaloa, Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes y Sonora.
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