En el día de hoy, el Diario Oficial de la Federación publicó un acuerdo que establece lineamientos técnicos y administrativos para el balizado, el uso obligatorio de códigos QR y la implementación de sistemas GPS en todas las unidades vehiculares que transportan petrolíferos, gas LP y petroquímicos por medios distintos a ductos. La medida busca no solo combatir el robo de hidrocarburos, sino también modernizar un sector crítico para la economía y la seguridad energética del país.

En diálogo con Surtidores Latam, Alicia Zazueta Payan, ex presidenta de AMPES y CEO de eServices, explicó que estas disposiciones representan “un avance significativo en la seguridad y la trazabilidad de los combustibles. Cada unidad estará plenamente identificada y será monitoreada en tiempo real, lo que permitirá reducir riesgos operativos y fortalecer la confianza en la cadena de suministro”.

El acuerdo establece obligaciones concretas para los permisionarios. Todas las unidades, desde pipas hasta tractocamiones, semirremolques y autotanques, deberán portar un balizado permanente que incluya un código QR único e intransferible, emitido exclusivamente por la Comisión Nacional de Energía. Este código permitirá verificar la legalidad de la unidad y su operador, los seguros vigentes, la ruta, la cantidad transportada y la validez del permiso. Parte de esta información estará accesible para la ciudadanía, mientras que las autoridades podrán consultar y gestionar el total de los datos a través del Sistema de Registro, Administración y Control a Permisionarias.

El balizado, además de cumplir con normas de durabilidad y visibilidad diurna y nocturna, deberá emplear materiales reflectantes y colores contrastantes según el fondo del vehículo, garantizando que la identificación sea clara y resistente a las condiciones climáticas. Esto permitirá a los organismos reguladores supervisar las operaciones de manera más eficiente y detectar irregularidades de forma inmediata.

En paralelo, se exige la instalación de sistemas GPS activos y certificados en todas las unidades de transporte. Estos dispositivos transmitirán información en tiempo real bajo protocolos seguros y deberán conservar los registros de geolocalización durante al menos doce meses. La negativa a instalar el rastreo, su omisión o alteración se considera una falta grave y será sancionada por la Comisión, reforzando así la supervisión continua de la movilidad de combustibles.

Los plazos establecidos son estrictos. La Comisión Nacional de Energía deberá generar y entregar los códigos QR a los permisionarios con permisos vigentes dentro de los quince días hábiles posteriores a la entrada en vigor del acuerdo. A su vez, los operadores tendrán un máximo de veinte días hábiles para implementar el balizado conforme a las especificaciones. Las nuevas unidades deberán cumplir estos requisitos antes de iniciar operaciones.

El acuerdo también prevé un esquema de sanciones y mecanismos de denuncia ciudadana para asegurar el cumplimiento. Las omisiones o incumplimientos serán sujetos a procedimientos administrativos, buscando garantizar que cada vehículo que transporte hidrocarburos cumpla con los estándares de seguridad y legalidad.

Entre los beneficios que se destacan están la verificación inmediata de la legalidad del transporte, la reducción de delitos en el sector energético y la transparencia para empresas y ciudadanos.