Las provincias de Imbabura y Carchi, en el norte de Ecuador, enfrentan una situación crítica de desabastecimiento de combustibles debido a los bloqueos y protestas que se desarrollan desde el pasado 22 de septiembre. La medida de presión fue convocada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), tras la decisión del Gobierno de eliminar el subsidio al diésel.

El incremento del precio de este combustible, que pasó de USD 1,80 a USD 2,80 por galón, desató una ola de manifestaciones y cierres de vías que impiden el normal abastecimiento de las Estaciones de Servicio. Según informó la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo (Camddepe) a través de comunicados oficiales, el escenario más complicado se concentra en Imbabura, epicentro de las protestas.

En ciudades como Otavalo, entre 10 y 12 gasolineras no pudieron abrir sus puertas debido a las amenazas de los manifestantes. “Las Estaciones de Servicio recibimos amenazas. Nos dicen: si abren ya van a ver qué pasa”, señaló el presidente de Camddepe, Ivo Rosero, en una de las comunicaciones difundidas por el gremio hace algunas horas. Ante esta situación, la organización solicitó la presencia de fuerzas militares para garantizar la seguridad de los trabajadores y permitir la reactivación de la venta de combustibles.

El cierre de vías también impidió el paso de tanqueros desde los centros de despacho hacia ciudades como Ibarra, lo que provocó que la capital provincial de Imbabura quedara sin gasolina ni diésel.

La Cámara advirtió en sus comunicados que, además de las pérdidas económicas totales para los distribuidores, persisten los costos fijos como nómina, seguros y arriendos, lo que agrava la situación de los empresarios del sector minorista.

La crisis se replica también en la provincia de Carchi, fronteriza con Colombia, donde el desabastecimiento de diésel y gasolinas ya es evidente. A esto se suma el hallazgo de actividades ilícitas relacionadas con el combustible: el Ministerio de Defensa informó sobre el decomiso de 6.000 galones de diésel en un centro clandestino de la provincia de Sucumbíos, lo que generaba ganancias mensuales de hasta 144.000 dólares.

Por su parte, el Gobierno del presidente Daniel Noboa catalogó las recientes movilizaciones como “actos de terrorismo disfrazados de protesta social”. Hasta la fecha, el Ministerio del Interior reportó al menos 85 personas detenidas en distintos puntos del país por los disturbios, entre ellos agresiones a policías y quema de vehículos en Otavalo.

Desde Camddepe insisten, en sus comunicados, en la necesidad de restablecer la seguridad para que las Estaciones de Servicio puedan operar con normalidad y evitar que la crisis se extienda a más provincias.