La seguridad vial y la lucha contra el delito en la provincia de Buenos Aires sumaron un nuevo capítulo con la presentación de un proyecto de ley en la Legislatura (ver al pie) que establece la prohibición de expender combustible a vehículos automotores y motocicletas que no tengan chapa patente visible y en condiciones reglamentarias. La medida, de aprobarse, alcanzará a todas las Estaciones de Servicio habilitadas en el territorio provincial, configurando un cambio de peso en el funcionamiento diario de las estaciones.

El proyecto presentado por el bloque de La Libertad Avanza, prevé que la autoridad de aplicación sea el Ministerio de Seguridad bonaerense, en coordinación con la Dirección Provincial de Seguridad Vial y los municipios. Será esta red de organismos la encargada de garantizar el cumplimiento de la normativa, supervisando a las estaciones y aplicando sanciones en caso de incumplimiento. La propuesta también contempla la posibilidad de que el Poder Ejecutivo modifique o actualice el Decreto 171/2017 y otras normativas vigentes en materia de identificación vehicular para incorporar las nuevas disposiciones.

La iniciativa tiene como trasfondo una problemática creciente: la utilización de vehículos sin patentes o con patentes adulteradas en delitos contra la propiedad, fugas tras accidentes de tránsito o maniobras ilegales en la vía pública. Para los impulsores de la ley, limitar la posibilidad de cargar combustible a estas unidades significa cerrar una vía de circulación y operación para quienes intentan mantenerse fuera de los registros oficiales. “Se trata de una herramienta preventiva que busca desalentar la circulación de vehículos sin identificación y contribuir tanto a la seguridad vial como al combate del delito”, señalan los fundamentos.

No obstante, el proyecto contempla algunas excepciones. Quedarán excluidos de la prohibición los vehículos oficiales debidamente identificados, la maquinaria agrícola, los vehículos en traslado bajo condiciones especiales y aquellos que cuenten con un permiso específico emitido por la autoridad competente. Estas excepciones buscan no afectar actividades productivas ni procedimientos logísticos que requieren movimientos de unidades sin patentar de manera temporal.

En el sector de Estaciones de Servicio, la propuesta genera cierto debate. Por un lado, se reconoce que contribuir a la seguridad pública es una prioridad y que contar con una regulación clara puede dar certidumbre a los operadores. Por otro, surgen dudas acerca de la implementación práctica de la medida: cómo capacitar al personal para controlar patentes, qué responsabilidad recaerá sobre el playero al momento de negar una carga y qué sanciones podrían aplicarse a los expendedores en caso de que un vehículo con chapa adulterada logre cargar combustible.

La cuestión no es menor. Actualmente, las Estaciones de Servicio enfrentan una multiplicidad de exigencias regulatorias y controles, que van desde la seguridad ambiental hasta las condiciones laborales y la fiscalización tributaria. Agregar un nuevo requisito implica ajustar protocolos, invertir en capacitación y, posiblemente, afrontar conflictos con clientes que no acepten la negativa a cargar combustible.