El recién publicado Reglamento de la Ley del Sector Hidrocarburos en México comienza a generar cambios visibles en la industria. Según comentó a Surtidores Latam, Javier Govea Soria, socio de GMB Abogados, una de las principales estrategias del Gobierno es coordinar a diversas dependencias, incluyendo la Secretaría de Energía, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República, para combatir el mercado ilícito de combustibles, especialmente en lo relativo a mezclas ilegales y productos con clasificación arancelaria incorrecta.
Asimismo, Sergio Herrera, especialista del estudio legal, explicó que se esperan operativos conjuntos que involucren a la CNE, ASEA y PROFECO, aunque aún no está definida la participación de autoridades estatales y municipales, un punto que consideró “clave para brindar seguridad jurídica a regulados y consumidores”.
Entre las novedades del Reglamento se encuentran la obligación de implementar trazadores y controles volumétricos en instalaciones de autoconsumo, así como la inclusión de cinco nuevas causales de revocación de permisos, que van desde la falta de entrega de información sobre medición y calidad, hasta la alteración o destrucción de controles volumétricos.
Otro cambio relevante es la regulación del trasvase de combustibles, que ahora solo se permite entre buques tanque, carrotanques o instalaciones fijas, prohibiendo operaciones entre medios de transporte distintos a ductos. Esto, para Herrera, “fortalece la trazabilidad del producto y limita prácticas que históricamente han facilitado el mercado ilegal”.
El Reglamento también refuerza el papel de la Empresa Pública del Estado, al facultar a la CNE para modificar términos de permisos y, en casos de incumplimiento, intervenir temporalmente instalaciones para garantizar la continuidad y seguridad del suministro. “Es un mecanismo que asegura la soberanía y la eficiencia del sector energético”, señaló Govea Soria.
Para los comercializadores, las nuevas reglas incluyen la reducción del plazo máximo de permisos a dos años, limitación a una marca registrada por permisionario y obligación de acreditar servicios de transporte, almacenamiento o distribución en actos jurídicos con terceros, salvo para la Empresa Pública. Además, se prohíbe el uso de permisos a terceros, lo que demandará ajustes operativos significativos.
Herrera concluyó que, ante estos cambios, los inversionistas deberán enfocar sus esfuerzos en el cumplimiento regulatorio como base estratégica para la continuidad de sus operaciones, dado que la normativa establece sanciones estrictas y nuevas obligaciones que transforman la dinámica del mercado de hidrocarburos en México.
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