La Legislatura bonaerense aprobó y promulgó la Ley 15531, que consagra el derecho de los consumidores a utilizar personalmente los datáfonos —conocidos comúnmente como posnets— al momento de efectuar pagos con tarjetas de crédito o débito. La medida, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires, busca reforzar la seguridad en las transacciones y reducir los casos de fraude vinculados al uso de plásticos y documentos de identidad.

La norma, sancionada por el Senado y la Cámara de Diputados provinciales, establece que los usuarios “tienen derecho, en sus relaciones de consumo, a utilizar por sí mismos los datáfonos cuando realicen pagos con tarjetas de crédito o débito, sin necesidad de entregar sus tarjetas o DNI a los proveedores de bienes y servicios”.

Aunque el cliente podrá optar por entregar la tarjeta o el documento si así lo prefiere, la regla general será que el dispositivo de cobro esté disponible para su manipulación directa. De esta forma, el titular de la tarjeta será quien la inserte, deslice o acerque al lector, evitando el contacto innecesario con terceros y reduciendo el riesgo de clonaciones o capturas indebidas de datos.

La disposición alcanza a todos los proveedores de bienes y servicios —tanto públicos como privados— que operen dentro del territorio bonaerense y estén adheridos al sistema de tarjetas, entre ellos las expendedores de combustibles. Los comercios deberán además garantizar que los dispositivos estén en condiciones de ser usados de manera segura y accesible por los consumidores.

La Ley fija un plazo de 90 días, contados a partir de su entrada en vigor, para que los establecimientos adapten sus terminales de cobro a las nuevas exigencias. En ese lapso, los comercios deberán modificar la disposición de sus equipos, incorporar extensores o sistemas inalámbricos, y capacitar a su personal para facilitar el uso directo por parte de los clientes.

El artículo 5 de la norma explicita que su finalidad es “resguardar la seguridad y los datos personales de las personas usuarias de tarjetas de crédito y débito; evitar estafas y robos; e incorporar a la legislación provincial las mejores prácticas internacionales en la materia”. En países como España o Brasil, por ejemplo, esta modalidad está ampliamente extendida y forma parte de los protocolos básicos de seguridad bancaria.

La ley también prevé que los consumidores deberán exhibir sus tarjetas y su documento nacional de identidad al momento del pago, de modo que el comercio pueda verificar la identidad del titular y la correspondencia con el plástico presentado. Sin embargo, esa verificación no implicará en ningún caso que el vendedor manipule los elementos.

El Poder Ejecutivo provincial designará a la autoridad de aplicación, que tendrá entre sus funciones realizar campañas de concientización, información y capacitación sobre el uso seguro de las tarjetas. Además, deberá coordinar con las cámaras empresarias y asociaciones de consumidores para garantizar la implementación progresiva del sistema.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas dará lugar a sanciones en el marco de la Ley N° 13.133, que regula las infracciones a la normativa de defensa del consumidor en la provincia. Entre las posibles medidas se incluyen multas, apercibimientos y la clausura temporal del establecimiento, según la gravedad del caso.

La Ley N° 15.531 fue firmada por las autoridades de ambas cámaras: el diputado Alexis Raúl Guerrera, presidente de la Honorable Cámara de Diputados; la senadora Verónica Magario, presidenta del Honorable Senado; y los secretarios legislativos Gervasio Bozzano y Luis Rolando Lata.