Durante la última década, México mostró interés intermitente en los biocombustibles, particularmente el etanol y el biodiésel, pero sin consolidar una política nacional sostenida. A diferencia de países como Brasil o Colombia, donde existen mandatos de mezcla obligatoria, en México el uso de biocombustibles continúa siendo marginal, limitado a proyectos piloto o a pequeñas iniciativas privadas.

En 2017, la Comisión Reguladora de Energía aprobó un incremento en el porcentaje permitido de etanol en gasolinas, pasando de 5.8 % a 10 %, excepto en zonas metropolitanas como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Sin embargo, la medida fue cuestionada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y posteriormente suspendida en 2020, lo que dejó al mercado sin una base estable para crecer.

En este sentido, Galo Galeana, coordinador de Biomovilidad, expresó a Surtidores Latam, que esta transición al bioetanol es fundamental para alcanzar la meta de neutralidad de carbono en 2050. “Se estima que esta medida podría evitar casi mil millones de toneladas de CO₂ equivalente”, subrayó. 

El transporte, responsable del 25 % de las emisiones de gases de efecto invernadero en América Latina, es uno de los sectores donde los biocarburantes pueden marcar una diferencia significativa.

En el caso de México, Galeana señaló la necesidad de diversificar las fuentes de energía ante la disminución gradual de la demanda de gasolina. “Los biocombustibles emergen como una opción viable y sostenible, especialmente para complementar la estrategia de electrificación y movilidad eléctrica en la región”, comentó. Su visión apunta a una integración de tecnologías, donde lo biológico y lo eléctrico trabajen de manera complementaria.

Según el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, México podría sustituir hasta un 10 % del consumo nacional de combustibles fósiles con biocombustibles si existiera una estructura regulatoria adecuada. Este potencial, además, podría generar miles de empleos rurales y reducir emisiones de gases de efecto invernadero, en línea con los compromisos asumidos ante el Acuerdo de París.

En contraste, la política actual ha priorizado el fortalecimiento de Petróleos Mexicanos y la producción de combustibles fósiles, relegando el desarrollo de fuentes alternativas. Incluso programas previos impulsados por la Secretaría de Energía y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente perdieron continuidad o presupuesto, dejando al sector sin un marco de largo plazo.

A pesar de ello, algunos estados comenzaron a explorar nuevas oportunidades. En Yucatán, por ejemplo, se han desarrollado proyectos de producción de biodiésel a partir de aceites usados, mientras que en Veracruz y Sinaloa se experimenta con etanol derivado de caña y maíz. 

Si bien aún son iniciativas aisladas, los especialistas coinciden en que podrían marcar el inicio de una nueva etapa si el país decide apostar por un marco de transición energética más inclusivo y sostenible.