En un encuentro de Estaciones de Servicio realizado en Cartagena de Indias del que participó Surtidores, la Comisión Latinoamericana de Empresarios de Combustibles (CLAEC) dio a conocer un panorama exhaustivo sobre la situación económica y operativa de las Estaciones de Servicio en América Latina. Los datos, presentados por representantes de distintos países, permitieron trazar una comparación directa que dejó en evidencia las particularidades del modelo argentino, especialmente en materia de costos, regulación y eficiencia operativa.

Según el relevamiento, el margen bruto promedio de las Estaciones de Servicio en la región se ubica en torno al 8 por ciento, una cifra moderada pero relativamente estable en países con menor carga impositiva y mayores volúmenes de venta. En Argentina, en cambio, el margen se ve fuertemente afectado por la alta presión fiscal, los costos laborales y las distorsiones derivadas de los controles de precios. El resultado es una ecuación económica mucho más estrecha, donde la rentabilidad depende casi exclusivamente del volumen y la eficiencia operativa.

Uno de los datos más ilustrativos del informe de la CLAEC es el peso del costo laboral, que en promedio regional representa 718 dólares mensuales, equivalentes al 44 por ciento del margen bruto. En Argentina, ese porcentaje es significativamente mayor debido a los costos de seguridad social, las contribuciones patronales y los convenios colectivos del sector, lo que sitúa a las estaciones locales entre las más costosas de la región en términos de estructura salarial.

Esa diferencia se agrava por la brecha cambiaria y la alta inflación, que encarecen el mantenimiento, la reposición de equipamiento y la inversión en infraestructura. Mientras otros países logran estabilizar sus esquemas de abastecimiento y proyectar planes de modernización a largo plazo, en Argentina la mayoría de los operadores debe concentrarse en sostener el equilibrio diario de caja.

En materia de modelos operativos, el contraste también es evidente. La mayoría de los países de América Latina mantiene el formato de atención tradicional, pero varios comenzaron a incorporar el autoservicio o esquemas mixtos. México lidera con un 30 por ciento de su red bajo ese modelo, seguido por Colombia (6 por ciento) y Uruguay (2 por ciento). En Argentina, esta modalidad continúa prohibida por normativa laboral y de seguridad, lo que implica una desventaja en términos de eficiencia operativa y reducción de costos frente a los países que avanzaron hacia sistemas más flexibles.

El informe presentado por la CLAEC también abordó la digitalización del pago y la bancarización del consumo. Si bien en toda la región los pagos electrónicos ganan participación, en Argentina las comisiones de tarjetas y los plazos de acreditación continúan siendo uno de los reclamos más frecuentes del sector. Mientras que en algunos países las acreditaciones se realizan en 24 o 48 horas, en Argentina los plazos pueden superar los 10 días hábiles, afectando el flujo financiero de las estaciones.

Otro punto de comparación es el rol de los combustibles alternativos. En naciones como Brasil, Perú o Colombia, los biocombustibles y el gas natural vehicular  tienen una presencia significativa dentro de la red de expendio. En Argentina, aunque existe una importante infraestructura de GNC y un avance sostenido en la producción de biocombustibles, las estaciones enfrentan regulaciones complejas y una red de suministro que depende de políticas energéticas de corto plazo.

La estructura de costos de las estaciones argentinas aparece así como una de las más exigentes de América Latina. A la carga impositiva nacional, provincial y municipal se suma la obligación de sostener plantillas amplias de personal en un contexto donde la automatización aún no está permitida. “La ecuación económica de la estación argentina es cada vez más difícil de sostener: el 40 por ciento del ingreso se va en costos laborales y el resto se divide entre impuestos, alquiler y mantenimiento”, explicaron desde CLAEC.

En contraste, países como Chile o Paraguay, con menos carga impositiva y mayor libertad de mercado, logran márgenes más predecibles y estructuras más livianas. Allí, la inversión privada encuentra un entorno más estable para crecer y adaptarse a los cambios tecnológicos que demanda el consumidor.