La discusión sobre la búsqueda de hidrocarburos en el mar uruguayo abrió un nuevo capítulo esta semana, luego de que organizaciones sociales presentaran una medida cautelar de no innovar para frenar el inicio de las campañas de prospección sísmica. El planteo se dirige a las actividades previstas en los siete contratos que ANCAP mantiene vigentes con compañías internacionales como Chevron, Shell, YPF, APA y Challenger Energy Group.

El recurso, impulsado por Socobioma y la Asamblea Mar Libre de Petroleras Uruguay, al cual accedió Surtidores Uruguay, solicita que la Justicia ordene detener cualquier movimiento asociado a la exploración: desde la movilización de buques y equipos hasta la eventual perforación exploratoria. Las organizaciones sostienen que “los contratos firmados por ANCAP son nulos de pleno derecho” y reclaman que no se avance hasta que exista una sentencia definitiva sobre su validez.

Para los colectivos, el núcleo del conflicto está en los impactos de la prospección sísmica, una etapa principal en la búsqueda de crudo. En el recurso advierten que esta técnica introduce en el océano ruidos “superiores a 260 dB, cada ocho a veinte segundos durante más de 1000 días”, afectando la fauna marina y generando “daño irreversible”. Según señalan, estas actividades serían “socioambientalmente disfuncionales” y contrarias al interés público.

La argumentación de las organizaciones también recupera lo establecido por la ley 19.128, que declara a la zona económica exclusiva “santuario de ballenas y delfines” y prohíbe cualquier tipo de molestia intencional.

Para los promotores del recurso, la intensidad acústica de la prospección se enmarca claramente en esa categoría. “Un contrato que permite destruir ecosistemas protegidos carece de causa y objeto lícitos”, añadieron en su presentación.

El texto recuerda además que la Institución Nacional de Derechos Humanos instó al Ministerio de Ambiente, ANCAP y el Ministerio de Industria a suspender las autorizaciones ambientales vinculadas a las actividades offshore. La solicitud judicial apunta a que se disponga la “prohibición de innovar” hasta tanto se emita un fallo firme.

En paralelo, el debate también se trasladará al ámbito legislativo. El diputado Gustavo Salle anunció que convocará al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, para obtener información detallada sobre los contratos y los criterios utilizados para evaluar los impactos de la prospección sísmica. El legislador expresó preocupación por los efectos sobre la fauna ictícola y advirtió que teme un escenario de “graves consecuencias”.

Ortuño, por su parte, afirmó meses atrás que la etapa actual “no es un tema de producción ni explotación de petróleo”, sino una fase preliminar orientada a analizar la posible existencia de recursos. Según dijo, el Ministerio trabaja en coordinación con ANCAP para “minimizar cualquier impacto ambiental” y asegurar que los estudios se realicen “con un criterio racional”.

Mientras la Justicia analiza el documento presentado y se aguardan las comparecencias parlamentarias, Uruguay enfrenta un momento singular: por primera vez, todas las áreas del offshore cuentan con contratos vigentes para la exploración de hidrocarburos. El desenlace de esta discusión definirá no solo el avance de esos proyectos, sino también el lugar que ocupará la actividad en la agenda energética del país en los próximos años.