El Gobierno nacional expidió la Resolución 40559, un documento que fija los nuevos lineamientos técnicos para las Estaciones de carga de acceso público destinadas a vehículos eléctricos e híbridos enchufables. 

Cabe mencionar que la medida llega en un momento de crecimiento acelerado del sector y busca ordenar la infraestructura disponible, unificar criterios y establecer un piso mínimo de operación para todos los actores del mercado.

La regulación establece que, de ahora en adelante, las Estaciones deberán garantizar compatibilidad con conectores tipo 2 y CCS2, los estándares predominantes en los mercados internacionales. Este punto implica que nuevos proyectos deberán alinearse con estas especificaciones y que operadores existentes deberán evaluar ajustes técnicos para mantenerse dentro del marco normativo.

Además, la resolución exige el uso del protocolo abierto OCPI 2.2.1 para la gestión y el intercambio de información entre plataformas, operadores y usuarios. Esto significa que los puntos de carga deberán ofrecer datos estandarizados sobre disponibilidad, estado de operación, precios y condiciones de uso, reduciendo la fragmentación que actualmente afecta la experiencia del usuario.

Un cambio relevante es que los operadores de carga podrán acceder al mercado no regulado de energía. Esta habilitación abre la puerta a que negocien directamente sus precios de compra de energía, lo que podría traducirse en modelos tarifarios diferenciados, mayor competencia e incluso eventuales reducciones de costos en la operación de las estaciones.

Desde el Ministerio de Minas y Energía explicaron que la norma apunta a modernizar el ecosistema de carga y a mejorar las condiciones para su expansión en el corto y mediano plazo. 

En esa línea, según el ministro Edwin Palma, la adopción de estándares internacionales es una herramienta para estructurar un sistema más seguro, interoperable y transparente, aunque el reto será asegurar su implementación uniforme en todo el territorio.

La resolución también incorpora lineamientos de seguridad de la información y trazabilidad de datos. Estos requisitos buscan reducir riesgos tecnológicos, garantizar integridad en la información del consumo y proteger la privacidad de los usuarios.