El fenómeno del autoconsumo de combustibles, pensado originalmente como una solución logística para empresas con flotilla o procesos industriales intensivos, terminó convertido en una red paralela y desordenada que opera al margen de la regulación. Lo que hace unos años era un mecanismo práctico para optimizar tiempos hoy se transformó en un desafío que desborda la capacidad de supervisión del Estado y presiona al mercado formal en toda la región.

En México, el crecimiento de estas instalaciones fue explosivo. Tan sólo en patios de transporte, talleres, obras y terminales operan más de 100.000 puntos de almacenamiento y distribución de diésel y gasolina sin permisos vigentes, según estimaciones de especialistas del sector. 

El autoconsumo fue diseñado como una figura legítima: permitir que una empresa almacene combustible para uso exclusivo, evitando desplazamientos diarios a Estaciones de Servicio. Pero ese marco dejó una “zona gris” donde proveedores sin registro ofrecieron tanques, instalación y suministro a precios por debajo del mercado formal.

En un mercado sensible a costos operativos, esta alternativa se volvió irresistible para transportistas, constructoras y empresas de servicios. Así se edificó, en pocos años, una red paralela que opera sin trazabilidad y sin vigilancia técnica.

El sector gasolinero fue el primero en advertir la fuga de clientes corporativos. Beatriz Marcelino, CEO de Grupo Ciita detalló que parte del atractivo para quienes compran combustible ilegal radica en precios artificialmente bajos: “Si el diésel cuesta 27 pesos y el comercializador lo vende un peso por debajo, los ahorros mensuales pueden llegar a 100.000 pesos por empresa”.

Por otro lado, para Ricardo Quiroz, presidente de AMPES, estas instalaciones irregulares fueron durante años “grandes receptoras de hidrocarburo ilícito”, justamente por carecer de regulación y controles mínimos.

Ante la magnitud del fenómeno, el gobierno comenzó a actualizar el marco regulatorio. Las reglas exigen que cualquier empresa que almacene más de 75.000 litros mensuales cuente con permiso de autoconsumo, registros volumétricos y trazabilidad, además de estar sujeta a inspecciones del SAT y autoridades energéticas.

No obstante, persiste la falta de regulación técnica específica por parte de la ASEA. Sin una norma que defina estándares de seguridad, miles de instalaciones continúan operando con tanques improvisados, sin protocolos y sin protección ambiental, a pesar de manejar materiales inflamables.

En diálogo con Surtidores Latam la consultora GMB Abogados, relató que el marco legal señala que el autoconsumo solo puede aplicarse para vehículos propios ligados a la actividad económica de una empresa y que está prohibida la venta a terceros. Sin embargo, su aplicación práctica se rezagó frente a la expansión del mercado informal.

“La adecuación normativa será compleja y llevará tiempo”, advirtieron los expertos especialmente por la falta de lineamientos técnicos unificados entre la CNE y la ASEA.