La industria de hidrocarburos amaneció con un cambio estructural. El 3 de diciembre se oficializó en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento de la Ley de la Empresa Pública del Estado, Petróleos Mexicanos, un documento que aterriza la reforma constitucional en materia energética y redefine la manera en que Pemex operará a partir de 2026. La transición deja atrás varios años bajo el modelo de “Empresa Productiva del Estado” y da paso a un esquema donde la función social, el abasto y la seguridad energética se colocan al centro de sus decisiones.

Desde Ifenerghi Consultores y Abogados, su director general, Isidro Fernández López, especializado en regulación, expresó a Surtidores Latam que el reglamento no es un ajuste técnico, sino un viraje profundo en la convivencia entre la estatal y el sector privado. La firma identificó tres ejes que impactarán de manera directa en las Estaciones de Servicio y en quienes dependen de los esquemas de suministro de Pemex.

Bajo la nueva figura de “Empresa Pública”, la estatal deja de colocar la rentabilidad como su objetivo primordial. El reglamento permite priorizar el abastecimiento nacional y la estabilidad energética incluso si ello altera criterios comerciales tradicionales. Para los empresarios gasolineros, este giro podría reflejarse en nuevas reglas para la asignación de producto, la logística y los volúmenes disponibles.

El segundo pilar se relaciona con la gobernanza interna. El análisis jurídico de Ifenerghi señaló que se observa un proceso de centralización en la toma de decisiones que modifica la autonomía de sus subsidiarias. Esto obligará a los permisionarios a ajustar sus mecanismos de comunicación, gestión contractual y seguimiento operativo, dado que la instancia responsable de resolver diferentes aspectos podría cambiar.

El tercer punto recae sobre los contratos. Las relaciones entre Pemex, franquiciatarios y clientes de Venta de Primera Mano dejarán de sustentarse exclusivamente en el derecho mercantil, incorporando elementos de derecho administrativo. Esta transformación otorga a la estatal nuevas prerrogativas para ejecutar o rescindir acuerdos bajo el argumento del interés público, lo cual obliga a las estaciones de servicio a revisar sus compromisos vigentes.

“Este reglamento es la señal de salida hacia una nueva realidad operativa en 2026. La certeza dependerá de cómo se adapten los contratos y el cumplimiento regulatorio a esta visión soberana de la energía. No es un escenario para alarmarse, sino para reforzar jurídicamente la operación entendiendo que Pemex hoy cuenta con facultades distintas”, subrayó Fernández López.

Frente a este panorama, el experto recomendó una auditoría preventiva de todos los instrumentos contractuales y una vigilancia activa de las disposiciones que surgirán a partir del nuevo marco regulatorio. La firma adelantó que acompañará al gremio gasolinero en este proceso para garantizar estabilidad en la operación y cumplimiento normativo en un entorno que seguirá evolucionando.