Con el inicio de la segunda fase del Registro Nacional de Instalaciones de Gas y Combustibles, la política regulatoria del sector energético mexicano dio un nuevo paso hacia la regularización ambiental, operativa y fiscal de las Estaciones de Servicio. Sin embargo, el progreso del programa también dejó al descubierto una deuda estructural: la falta de control efectivo sobre los autoconsumos de combustibles, un segmento que permanece mayoritariamente fuera del alcance normativo.

Según explicó a Surtidores Latam, Luis Guzmán Juárez, especialista en regulación y cumplimiento en el sector gasolinero, la etapa que comenzó en enero de 2026, correspondiente a la ratificación de registros, introduce mayores exigencias, pero mantiene un enfoque correctivo. “El RENAGAS está diseñado como una oportunidad de alineamiento. No es un esquema punitivo de entrada, sino una autodeterminación para que los regulados identifiquen dónde están sus omisiones y las corrijan”, señaló

La segunda fase del RENAGAS se extiende entre enero y marzo de 2026 y se concentra inicialmente en la megalópolis. La plataforma habilitada por la ASEA permite subsanar errores documentales, cargar archivos omitidos y continuar con un proceso más ordenado y transparente que en la etapa inicial de 2025.

Guzmán Juárez destacó que el regulador viene mostrando una estrategia de transición gradual. “La ASEA lleva al menos dos años otorgando facilidades comerciales, normativas y ambientales. En esta etapa incluso se atenúan sanciones económicas para quienes tienen sus obligaciones fiscales al día, lo que demuestra una clara intención de regularizar antes que clausurar”, afirmó

No obstante, advirtió que la exigencia fiscal comienza a jugar un rol central. “El hecho de que ahora se soliciten las últimas declaraciones anuales marca un cambio: el control ambiental ya no está separado del control tributario”.

Asimismo, durante la conferencia matutina del 21 de enero, se planteó directamente si el gobierno evaluará incorporar a este universo, estimado en más de 14.000 instalaciones. Para el especialista, la omisión no es menor. “No se puede hablar de piso parejo cuando sólo se fiscaliza a las Estaciones de Servicio y se deja fuera a patios de autotransporte donde hay rotación constante de combustible mediante autoconsumos irregulares”, sostuvo Guzmán Juárez. 

Por otro lado, el autoconsumo nació como una herramienta legítima para controlar gastos y rendimientos, especialmente en flotas que operan con diésel. Sin embargo, su evolución estuvo marcada por la falta de seguimiento institucional.

“Cuando Pemex dejó de ser autoridad y se perdió el esquema de tercerías, se abrió un espacio enorme de informalidad”, explicó el especialista. “Muchos autoconsumos quedaron sin supervisión técnica ni contractual, y con el tiempo algunos fueron abastecidos con combustibles de procedencia dudosa”.

La reforma energética de 2013 profundizó esa ambigüedad. La ausencia de dictámenes normativos exigibles y el carácter cerrado de los patios privados dificultaron la fiscalización, al punto de volverlos prácticamente invisibles para el regulador.

Uno de los aspectos más críticos es el estado de las instalaciones. “Muchos autoconsumos operan con dispensarios que fueron desechados por gasolineras. Son equipos fuera de norma, con una depreciación tan alta que pueden considerarse chatarra”, relató.

Al no contar con permisos, estas instalaciones tampoco están sujetas a normas técnicas como la NOM-005-SCFI-2017, lo que eleva los riesgos operativos, ambientales y de seguridad. “No son identificables para la autoridad, y eso los vuelve doblemente peligrosos”, remarcó.

Aunque el RENAGAS aún no alcanza jurídicamente a los autoconsumos, el especialista anticipa que el control llegará por vías indirectas. “La trazabilidad de combustibles ya permite identificar desplazamientos de litrajes atípicos. Con GPS, balizado, timbrado fiscal, registro de marcas y volúmenes declarados, es cuestión de tiempo para que los puntos irregulares salgan a la luz”, afirmó.

En ese sentido, no descartó que la ASEA solicite información histórica a Pemex sobre antiguos clientes, mientras que el SAT refuerza los controles fiscales para cerrar los huecos que hoy alimentan la cadena del combustible ilegal.