El contrabando de Gas Licuado de Petróleo no es un fenómeno nuevo en América Latina, pero sí uno que sigue evolucionando y desafiando a los Estados. La reciente condena a un ciudadano ecuatoriano en la frontera entre Colombia y Ecuador, compartida por la Asociación Colombiana del GLP – GASNOVA a Surtidores LATAM, vuelve a exponer cómo operan estas prácticas ilegales y por qué siguen siendo una amenaza persistente para la cadena formal del sector energético.

El procedimiento que derivó en la sentencia se inició en una zona crítica: las trochas fronterizas. Estos pasos no habilitados, ampliamente utilizados para evadir controles oficiales, son parte central del esquema del contrabando regional. En este caso, la interceptación se produjo en el sector Puente Nuevo, un punto estratégico donde la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) viene reforzando operativos ante el creciente flujo ilegal de combustibles.

Durante la inspección del vehículo, las autoridades detectaron elementos clave que suelen repetirse en este tipo de casos: transporte de cilindros subsidiados sin documentación, mercancía adicional para disimular la carga y ausencia total de facturas o procesos de nacionalización. El hallazgo de cilindros ecuatorianos de GLP —claramente identificables por su color y marca— permitió confirmar el origen del combustible y activar el proceso penal correspondiente.

Uno de los factores que agrava esta problemática en América Latina es el esquema de subsidios energéticos. En países como Ecuador, el GLP cuenta con un fuerte apoyo estatal para garantizar el acceso de la población. Sin embargo, esa política social termina siendo aprovechada por redes ilegales que desvían el producto hacia mercados vecinos, generando distorsiones de precios, competencia desleal y pérdidas fiscales significativas.

Desde GASNOVA advierten que este tipo de contrabando no solo afecta a las empresas formales del sector, sino que pone en riesgo un servicio público esencial. El ingreso ilegal de GLP impacta directamente en la sostenibilidad del mercado, desincentiva la inversión y debilita los sistemas de distribución regulados, especialmente en zonas fronterizas donde la informalidad ya es alta.

El fallo judicial también deja un mensaje claro sobre el abordaje institucional del problema. A pesar de los intentos de la defensa por minimizar el delito, la justicia consideró que el favorecimiento al contrabando tiene consecuencias económicas y sociales profundas. La orden de captura inmediata y la imposibilidad de acceder a beneficios penales marcan un precedente relevante para la región.

Más allá del caso puntual, el episodio, según la entidad, vuelve a poner sobre la mesa un desafío compartido por varios países de América Latina: fortalecer la cooperación binacional, mejorar el control sobre los subsidios y cerrar las brechas que permiten que el contrabando de combustibles siga encontrando terreno fértil.