El Ministerio de Minas y Energía presentó un balance sobre el saneamiento del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, uno de los mayores pasivos fiscales heredados por el Estado colombiano. A través de piezas gráficas oficiales, la cartera explicó cómo durante los años 2021 y 2022 los precios artificialmente bajos de la gasolina y el ACPM generaron un “hueco fiscal” que comprometió las finanzas públicas, trasladando una carga insostenible al presupuesto nacional.

Según los datos difundidos, la diferencia por galón subsidiado alcanzó niveles críticos: $6.512 en gasolina y $9.574 en ACPM. Este esquema, que buscaba evitar el “costo político” de ajustar tarifas en un contexto inflacionario, terminó profundizando el déficit del FEPC y postergando un problema que hoy impacta directamente en toda la cadena de combustibles, incluidos los distribuidores minoristas.

Desde la visión del Gobierno, el cambio de rumbo implicó asumir decisiones impopulares pero necesarias. El Ministerio remarcó que, lejos de ocultar el problema, se optó por transparentarlo y enfrentarlo mediante una política de precios reales, reducción gradual de subsidios generalizados y focalización de los apoyos estatales, especialmente en los segmentos más vulnerables.

Los resultados fiscales muestran una reducción del 85 % en las liquidaciones del déficit del FEPC: de $9,93 billones trimestrales en 2022 se pasó a $1,48 billones en 2024. Esta corrección, destacaron desde la cartera, permitió ordenar las cuentas públicas y disminuir la presión financiera que durante años condicionó la política energética y de combustibles del país.

Para los empresarios gasolineros, este escenario marca un punto de inflexión. Si bien el proceso de ajuste impactó en el consumo y generó tensiones comerciales en el corto plazo, la normalización del esquema de precios aporta previsibilidad, reduce la incertidumbre regulatoria y sienta bases más claras para la planificación operativa y financiera de las estaciones de servicio.

El Ministerio también subrayó que el saneamiento del FEPC habilita un uso más eficiente de los recursos públicos. En su narrativa, el dinero que antes se destinaba a cubrir déficits crecientes hoy puede redirigirse a inversión en salud, educación e infraestructura, fortaleciendo el entorno económico general en el que opera el sector energético.

Desde el punto de vista del mercado, la eliminación de distorsiones en los precios de los combustibles tiende a mejorar la señal económica para todos los actores de la cadena. Para los estacioneros, esto implica competir en un contexto más transparente, con menor riesgo de atrasos en compensaciones y con reglas más alineadas a la realidad internacional de los precios del petróleo y sus derivados.

Finalmente, el mensaje del Ministerio de Minas y Energía es claro: la responsabilidad fiscal es presentada como el “verdadero cambio” en la política de combustibles. Para los empresarios del sector, el desafío ahora pasa por adaptarse a un esquema sin subsidios generalizados, pero con mayor estabilidad macroeconómica, donde la eficiencia operativa, la diversificación de servicios y la lectura estratégica del contexto serán claves para sostener la rentabilidad.