La industria paraguaya de biocombustibles aguarda una de las definiciones regulatorias más relevantes de los últimos años. Tras la publicación de la Ley 7635 en la Gaceta Oficial N.º 135, el Ministerio de Industria y Comercio deberá establecer el porcentaje efectivo de biodiésel que se incorporará al gasoil comercializado en el país, una decisión que podría influir directamente en la actividad industrial, la producción agrícola y las inversiones vinculadas a los combustibles renovables.

La nueva normativa modifica la Ley 6389/2019 y establece que la mezcla obligatoria no podrá ser inferior al 5 por ciento ni superior al 20 por ciento. Dentro de ese rango, la autoridad competente deberá determinar el nivel definitivo a partir de criterios técnicos.

La expectativa del sector se concentra precisamente en esa resolución. El porcentaje que finalmente adopte el MIC marcará el volumen de biodiésel que deberá producirse para abastecer el mercado interno y, en consecuencia, el tamaño de las inversiones necesarias para acompañar el crecimiento de la demanda.

Cuando el proyecto fue aprobado por el Congreso, desde la Cámara Paraguaya de Biocombustibles y Energías Renovables valoraron la iniciativa como una herramienta para otorgar mayor previsibilidad a la actividad. Su vicepresidente, Francisco Jáuregui, señaló a Surtidores Latam que contar con reglas claras permite a las empresas planificar su producción con horizontes más amplios y evaluar nuevos desembolsos destinados a ampliar capacidad instalada.

Además, el dirigente señaló que una mayor participación del biodiésel en la matriz energética nacional contribuiría a disminuir la dependencia del gasoil importado mediante el aprovechamiento de materias primas producidas localmente y la generación de valor agregado dentro del país.

La definición del porcentaje de mezcla no solo tendrá consecuencias sobre la industria elaboradora de biodiésel. También podría generar un efecto multiplicador en toda la cadena de suministro vinculada a los biocombustibles.

Productores agrícolas, transportistas, operadores logísticos e industrias proveedoras observan con atención la evolución del proceso regulatorio, conscientes de que una mayor utilización de combustibles renovables requerirá un incremento sostenido de la producción nacional.

El nuevo marco legal también ratifica beneficios para las empresas habilitadas por el MIC, incluyendo exoneraciones tributarias para la producción local y la importación de bienes de capital destinados a la actividad.

Asimismo, incorpora programas orientados a la innovación tecnológica y la sostenibilidad, con participación de organismos especializados como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología.

Otro de los aspectos destacados de la legislación es la continuidad de la prohibición para importar biodiésel apto para motores diésel, una disposición orientada a fortalecer el desarrollo de la industria paraguaya.

Mientras el biodiésel espera la reglamentación definitiva, otro segmento de los combustibles renovables también observa oportunidades de expansión. La gerente general del Centro Azucarero y Alcoholero Paraguayo, Sonia Fleitas, destacó recientemente el potencial de crecimiento asociado al bioetanol producido a partir de caña de azúcar, una actividad que ya ocupa un lugar relevante dentro del mercado energético nacional.

Según explicó, el desarrollo de los biocombustibles continuará generando oportunidades para que los ingenios adapten sus procesos industriales y amplíen la producción de energías renovables.

La dirigente recordó que la mezcla obligatoria de etanol en las naftas alcanza actualmente el 30 por ciento, un nivel que ha permitido consolidar la utilización de combustibles de origen agrícola en el país.

Fleitas también resaltó la importancia de avanzar en la valorización de subproductos como el bagazo y la vinaza para la generación de biogás, fertilizantes orgánicos y electricidad mediante sistemas de cogeneración.

Más allá de la producción energética, la actividad vinculada a la caña de azúcar mantiene una fuerte incidencia económica y social en Paraguay. De acuerdo con datos del sector, la cadena azucarera y alcoholera genera alrededor de 300.000 empleos directos e indirectos y reúne a más de 20.500 pequeños productores dedicados al cultivo y cosecha de caña.

Actualmente existen más de 90.000 hectáreas destinadas a esta actividad, concentradas principalmente en los departamentos de Guairá, Caaguazú, Paraguarí, Central, Canindeyú, Misiones y Cordillera.