La discusión sobre cómo modernizar los mercados de Gas Licuado de Petróleo volvió a instalarse en América Latina. Mientras distintos países analizan medidas orientadas a incrementar la competencia y ampliar las opciones de abastecimiento, la Asociación Iberoamericana de GLP advirtió que cualquier cambio regulatorio debe contemplar no sólo variables económicas, sino también aspectos vinculados a la seguridad pública, la trazabilidad de los productos y la capacidad efectiva de control por parte de los organismos estatales.

La posición de la entidad surge a partir de un estudio elaborado por la Escuela de Seguridad Multidimensional de la Universidad de São Paulo, que analizó los riesgos asociados a la expansión de organizaciones criminales hacia actividades económicas formales, particularmente en sectores considerados estratégicos o de consumo masivo.

Según señaló a Surtidores Latam la AIGLP, el debate sobre el futuro del GLP no puede limitarse exclusivamente a la búsqueda de una mayor competencia o de menores precios para el consumidor. La organización sostuvo que la experiencia regional demuestra la importancia de preservar mecanismos que permitan identificar responsabilidades a lo largo de toda la cadena de suministro.

Uno de los puntos destacados es el papel que cumplen las marcas grabadas en los cilindros. Para la asociación, este sistema permite conocer quién es responsable de cada recipiente, quién realiza su mantenimiento, quién ejecuta las inspecciones periódicas y quién debe responder ante eventuales fallas.

La entidad considera que este esquema constituye una herramienta fundamental para garantizar la trazabilidad de los envases y evitar la circulación de recipientes sin propietario identificado o sin controles técnicos adecuados.

En ese marco, la AIGLP expresó reservas respecto a algunas propuestas que habían comenzado a debatirse en determinados mercados, entre ellas el llenado de cilindros pertenecientes a otras compañías o los modelos de abastecimiento fraccionado.

En este sentido, estos mecanismos podrían aumentar la complejidad operativa de la cadena al multiplicar los puntos de carga y dificultar las tareas de supervisión. La organización remarca que el GLP es un producto inflamable cuya manipulación requiere procedimientos estrictos y controles permanentes.

Otro de los aspectos señalados por la asociación es la capacidad real de fiscalización disponible en los países de la región. El informe sostiene que muchos organismos de control enfrentan limitaciones presupuestarias, escasez de recursos humanos y dificultades para mantener una presencia territorial suficiente, especialmente en zonas alejadas de los grandes centros urbanos.

Bajo esas condiciones, advierte que cualquier flexibilización normativa debería evaluarse teniendo en cuenta las herramientas concretas con las que cuentan los Estados para supervisar el cumplimiento de las reglas.

La AIGLP también retomó una de las principales conclusiones del estudio académico, relacionada con el creciente interés de organizaciones criminales por participar en actividades económicas legales que presentan alta circulación de dinero, amplia presencia territorial y productos de consumo esencial.

Según la entidad, cuando se combinan controles insuficientes, mercados fragmentados y limitaciones de fiscalización, aumentan los riesgos de desvío de productos, evasión tributaria, manipulación irregular de cilindros y otras prácticas que afectan tanto a los consumidores como a los operadores que cumplen con la normativa.

No obstante, la organización aclara que su planteo no implica rechazar la competencia ni los procesos de innovación dentro del sector. Por el contrario, sostiene que los marcos regulatorios deben fomentar la eficiencia, la incorporación de nuevos actores y la mejora continua de los servicios.