El escenario político venezolano dio un giro abrupto esta semana luego de que Nicolás Maduro compareciera ante un tribunal de Nueva York y se declarara inocente de cargos vinculados al narcotráfico y armas, pocos días después de haber sido capturado por autoridades estadounidenses. El hecho no solo sacudió el tablero diplomático regional, sino que abrió interrogantes profundos sobre el futuro institucional, económico y energético del país caribeño.

Desde Washington, el presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos “está a cargo” del proceso de transición, mientras que Delcy Rodríguez, ya juramentada como presidenta encargada de Venezuela, adoptó un tono más moderado y pidió “cooperación” con el gobierno norteamericano. En medio de este delicado contexto, uno de los sectores que enfrenta mayores desafíos es el mercado de combustibles, históricamente atravesado por subsidios y una fuerte dependencia del Estado.

Según analizó en diálogo con Surtidores LATAM el especialista César Gutiérrez, Venezuela arrastra dos problemas estructurales en el abastecimiento de combustibles. Por un lado, un esquema de subsidios insostenible en el tiempo; por otro, severas limitaciones en la producción, producto del deterioro de la infraestructura de extracción de crudo y gas, así como del estado crítico de sus refinerías. A ello se suma la escasez de crudo ligero, indispensable para la producción de gasolinas, el combustible automotor más utilizado en el país.

En este escenario, la normalización del suministro no será inmediata ni sencilla. En una primera etapa, el abastecimiento deberá realizarse mediante la importación de combustibles, lo que obligará a un inevitable sinceramiento de precios. El impacto será profundo: el cambio, advierte Gutiérrez, será traumático, aunque inevitable, y el costo político y social recaerá sobre el régimen que surja tras la salida de Maduro.

La reacción de la ciudadanía ante el fin de los combustibles subsidiados es una incógnita. Tras años de precios artificialmente bajos, cualquier ajuste representa un riesgo de conflictividad social. Sin embargo, el nuevo contexto político podría modificar las expectativas sociales y abrir espacio para un proceso de transición económica, aunque con altos niveles de tensión.

La recuperación de la infraestructura energética, clave para reducir la dependencia de las importaciones, requerirá atraer inversiones privadas de gran escala. No obstante, estas solo llegarán si existen reglas claras, seguridad jurídica y un gobierno creíble. En ese sentido, Gutiérrez no prevé una estabilización del sector antes de 18 meses, a los que se sumarían al menos otros 24 meses para poner nuevamente a punto la infraestructura productiva.

Otro punto crítico es la falta de crudo ligero en reservas nacionales. Todo indica que Venezuela deberá recurrir al crudo WTI proveniente de la Costa del Golfo de México, del lado estadounidense, para poder producir gasolinas. Esta dependencia externa implica, de manera directa, el fin definitivo de los subsidios al combustible.

La situación del GLP y del gas natural, al tratarse de producción asociada al crudo, enfrenta las mismas limitaciones estructurales y requerirá idénticas soluciones de fondo. En definitiva, el proceso de reordenamiento del mercado de combustibles venezolano será de mediano plazo, con precios sincerados desde el inicio y una elevada incertidumbre social. “El cambio va a ser traumático, pero inevitable; sobre eso habrá que estar muy atentos a la reacción ciudadana”, concluyó Gutiérrez.