Tras el vencimiento del convenio suscripto con las principales compañías petroleras que operan en el país, desde anoche se incrementó el valor de los combustibles un 10 por ciento promedio.

A mediados de agosto, las Secretarías de Energía y de Comercio Interior validaron con las petroleras, en la semana posterior a las PASO, una suba de 12,5 promedio de los combustibles y el compromiso de no mover los precios hasta este martes como parte de las medidas de compensación por la devaluación del 22 por ciento.

Por entonces, la negociación incluyó una reducción del precio interno del barril de petróleo a 56 dólares, el congelamiento del tipo de cambio, la reducción de impuesto para las exportaciones, mayor disponibilidad de acceso a divisas y temporariamente un tipo de cambio diferencial para la liquidación.

No obstante, la semana pasada, las pizarras de las Estaciones de Servicio volvieron a experimentar una nueva subida del 3,5 por ciento, consecuencia del proceso inflacionario.

En este contexto, incluso, se originó un fuerte desabastecimiento de combustibles, a raíz de que según palabras del propio Sergio Massa, “algunas empresas especulaban que luego del congelamiento, iba a haber una devaluación y que, tras esto, surgiría un aumento de al menos 20 por ciento”.

Una vez que el problema del abastecimiento comienza a normalizarse, el Gobierno postergó el aumento de los impuestos que impactan sobre el precio del combustible, que estaba previsto para este mes. De esta manera, los nuevos incrementos impactarán recién en febrero de 2024.

POSTERGAN LA APLICACIÓN DE IMPUESTOS

A través del decreto 567/2023, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo estableció que la suba en los montos de las cargas fiscales que “resulten de las actualizaciones correspondientes al tercer y cuarto trimestres calendario del año 2021, al primer, segundo, tercer y cuarto trimestres calendario del año 2022 y al primer, segundo y tercer trimestres calendario del año 2023″ comenzarán a regir a partir del 1 de febrero de 2024. Esta medida alcanza a la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil.

En su considerando, el gobierno alegó que esta decisión tiene como objetivo “asegurar una necesaria estabilización y una adecuada evolución de los precios”, ya que considera que, al tratarse de “impuestos al consumo, y dado que la demanda de los combustibles líquidos es altamente inelástica, las variaciones en los impuestos se trasladan en forma prácticamente directa a los precios finales de los combustibles”.