A días de finalizar el mes de febrero, el Ministerio de Minas y Energía continúa con el plan nacional de inspección para verificar que las estaciones de servicio apliquen la reducción de $500 pesos en el precio de la gasolina corriente. De acuerdo a lo compartido, la medida es supervisada en coordinación con la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad encargada de proteger los derechos de los consumidores y garantizar la transparencia en el mercado.

De acuerdo con la cartera energética, los operativos se están desarrollando en diferentes regiones del país, con el objetivo de constatar que el valor exhibido en los tableros de precios y el cobrado en surtidor refleje la disminución anunciada por el Gobierno de Gustavo Petro. Las autoridades advirtieron que el cumplimiento es obligatorio y que habrá sanciones en caso de irregularidades.

Cabe recordar que a partir del 1 de febrero, el precio promedio de la gasolina corriente se ubicó en aproximadamente $15.557 por galón, lo que representa una reducción de $500 frente al mes anterior. El Ejecutivo sostiene que este ajuste debe sentirse en el bolsillo de los ciudadanos y contribuir a dinamizar la economía en un contexto de recuperación gradual.

Desde el Gobierno señalaron que la decisión se enmarca en la estrategia para cerrar el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, mecanismo que durante los últimos años acumuló un desbalance significativo debido al congelamiento parcial de precios frente a las variaciones internacionales.

Las inspecciones incluyen la verificación de facturación, sistemas de información y reportes oficiales, así como el contraste entre el precio regulado y el valor efectivamente cobrado. En algunos casos, también se revisa que no existan prácticas que desvirtúen la reducción, como cobros adicionales injustificados o alteraciones en la información visible al público.

El Ministerio enfatizó que la reducción no es opcional ni discrecional para los distribuidores minoristas. Por el contrario, se trata de una disposición de carácter nacional que debe aplicarse de manera uniforme en todas las estaciones de servicio del territorio colombiano.

Para el sector de las Estaciones de Servicio, el nuevo escenario implica ajustes operativos y administrativos, especialmente en la actualización de sistemas y comunicación con los consumidores. Algunos empresarios han señalado la importancia de mantener reglas claras y estabilidad regulatoria para garantizar sostenibilidad en la cadena de comercialización.

Con estos operativos, el Gobierno busca enviar un mensaje de control y cumplimiento en el mercado de combustibles. La meta, según reiteraron las autoridades, es asegurar que la reducción anunciada se materialice efectivamente en cada estación del país y que los consumidores paguen el precio establecido sin sobrecostos.