Mientras el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur vuelve a ocupar el centro de la agenda política, en Bruselas avanza en paralelo una discusión técnica que podría tener efectos directos sobre el negocio de los combustibles en América del Sur.

En el marco de su estrategia de transición energética, la Comisión Europea puso en consulta pública un borrador de Reglamento Delegado que actualiza la metodología para evaluar el riesgo de cambio indirecto del uso de la tierra (ILUC, por sus siglas en inglés), indicador para determinar qué biocombustibles pueden contabilizarse dentro de los objetivos de energías renovables. La propuesta incluye, además, una reducción progresiva hasta 2030 de la participación de los biocombustibles considerados de alto riesgo.

La discusión cobra especial relevancia en medio de las negociaciones del acuerdo UE–Mercosur, ya que los nuevos estándares ambientales podrían definir el acceso real de los combustibles renovables sudamericanos al mercado europeo, condicionando inversiones, comercio e infraestructura en toda la cadena energética.

Este escenario abre una doble lectura para los países del Mercosur. Por un lado, surge una oportunidad exportadora para el etanol y el biodiésel que logren acreditar certificaciones ambientales y trazabilidad alineadas con las exigencias europeas. Pero, al mismo tiempo, aparece un riesgo regulatorio si los criterios vinculados al cambio indirecto del uso de la tierra se endurecen y terminan restringiendo el ingreso de biocombustibles sudamericanos al mercado comunitario. 

Desde la Cámara Paraguaya de Biocombustibles y Energías Renovables señalaron a Surtidores Latam que participaron activamente de la consulta pública europea para aportar la visión del sector productivo e industrial del país.

El planteo central apunta a que los enfoques basados en promedios globales no reflejan adecuadamente las realidades productivas nacionales. En Paraguay, sostienen, una parte significativa del crecimiento agrícola reciente responde a mejoras de productividad, eficiencia, intensificación y trazabilidad, dentro de marcos normativos que regulan el uso del suelo y permiten verificar el origen de las materias primas.

En ese sentido, el sector plantea la necesidad de diferenciar claramente la expansión agrícola asociada a la deforestación de los incrementos productivos derivados de la innovación tecnológica, así como de incorporar evidencia específica por país en la evaluación del riesgo ILUC. 

También subrayan la importancia de garantizar previsibilidad regulatoria que permita sostener inversiones en biocombustibles y de reconocer herramientas modernas de verificación, entre ellas el monitoreo satelital, los registros oficiales y las auditorías independientes, como mecanismos válidos para demostrar la sostenibilidad de las cadenas productivas.

Por otro lado, el alcance de la regulación europea también involucra a los principales productores regionales. Brasil, por ejemplo, es uno de los mayores exportadores mundiales de etanol y biodiésel, cuenta con una política de biocombustibles de largo plazo, con metas de descarbonización y certificación de la intensidad de carbono. 

Asimismo, Argentina, mantiene una industria relevante de biodiésel vinculada al complejo sojero y con histórica orientación exportadora. Las decisiones regulatorias de la UE resultan determinantes para su competitividad externa, en un contexto donde el país busca sostener mercados y atraer inversiones en energías renovables.

En ese cruce de intereses, los biocombustibles aparecen como un punto de convergencia posible entre transición energética y desarrollo productivo regional, aunque sujeto a tensiones regulatorias, comerciales y ambientales.