Una decisión administrativa del Gobierno nacional encendió las alarmas en el sector minorista de combustibles ya que más de 800 Estaciones de Servicio fueron bloqueadas temporalmente por no haber tramitado a tiempo un certificado requerido por el Ministerio de Justicia. Esta medida afecta a 10 departamentos del país, aquellos con mayor presencia de cultivos ilícitos, según lo establecido por el Consejo Nacional de Estupefacientes.

El certificado en cuestión es el documento de carencia de informes por tráfico de estupefacientes, un requisito que debe ser presentado por las Estaciones de Servicio ubicadas en regiones de alto riesgo, como una forma de control para evitar que combustibles como la gasolina y el diésel, usados como insumos en el procesamiento de cocaína, lleguen a manos de estructuras criminales.

En diálogo con Surtidores LATAM, David Jiménez, presidente de la Confederación de Distribuidores Minoristas de Combustibles y Energéticos, COMCE, explicó que esta medida no es nueva y fue aplicada desde el año 2015. 

“Cada cierto tiempo, el Consejo Nacional de Estupefacientes actualiza la lista de departamentos priorizados. Esta no es una novedad en el sector. Lo que sí es nuevo es la manera en que se está exigiendo el trámite, y el bloqueo inmediato a las Estaciones de Servicio que no lo cumplieron”, señaló.

Jiménez detalló que la última exigencia provino de una circular conjunta emitida el 4 de abril de 2025 por los Ministerios de Justicia y Defensa, en la cual se establece que las estaciones ubicadas en esos 10 departamentos no solo deben obtener el certificado, sino además cargarlo en el sistema SICOM del Ministerio de Minas y Energía, dentro de un plazo de 60 días.

De las 2600 Estaciones de Servicio identificadas en los departamentos afectados, apenas 1600 lograron radicar el documento correctamente, mientras que más de 800 no lo hicieron, lo que llevó al Gobierno a emitir una alerta y aplicar un bloqueo preventivo. “Lo preocupante es que se haya comunicado esta medida sin explicar que se trata de un tema netamente administrativo. Se corre el riesgo de estigmatizar a operadores honestos que simplemente no cumplieron con un requisito de carga documental”, indicó el presidente del gremio.

En esa línea, recalcó que esta suspensión no debe interpretarse como una vinculación automática a actividades ilícitas. “Nos parece fundamental aclarar que la medida no implica que las gasolineras estén involucradas en narcotráfico, sino que no cargaron el documento exigido en el sistema a tiempo. Es un control formal, no una acusación penal”, subrayó Jiménez.

Finalmente, señaló que están en conversaciones con el Gobierno para aclarar el alcance de la medida y evitar perjuicios económicos innecesarios para los distribuidores. “La afectación para cientos de Estaciones de Servicio es grave, sobre todo en regiones donde el combustible es vital para la movilidad y la economía. Esperamos que se habilite un canal para subsanar el trámite sin afectar la operación”, concluyó Jiménez.