La falta de acceso a los sitios vinculados al portal de la Comisión Nacional de Energía, registrada el 11 de febrero de 2026, generó preocupación entre los actores del sector al dejar fuera de servicio herramientas como la Oficialía de Partes Electrónica y el Registro Público, utilizados de forma cotidiana para la consulta de permisos, acuerdos y resoluciones. La interrupción impactó directamente en la operatoria de los regulados y evidenció la alta dependencia del sistema digital para el cumplimiento de obligaciones administrativas.

Según explicó el especialista en hidrocarburos Luis Omar Guzmán Juárez a Surtidores Latam, este tipo de fallas ya se presentaron con anterioridad y podría estar vinculado a procesos de mantenimiento o actualización tecnológica orientados a mejorar la eficiencia de la supervisión regulatoria. 

No obstante, la coincidencia con la tercera sesión ordinaria del Comité Técnico reavivó la discusión sobre la rapidez en la emisión de acuerdos y la actualización de registros bajo responsabilidad de la Secretaría Técnica, aspectos centrales para garantizar certeza a los regulados.

Uno de los efectos más sensibles de la interrupción fue la imposibilidad de reportar volúmenes vendidos y modificaciones de precios por parte de las Estaciones de Servicio, información estratégica en un mercado que opera bajo competencia desde la liberalización de combustibles en 2017. La dinámica comercial depende de reportes oportunos y cualquier retraso tecnológico puede traducirse en desventajas competitivas o incertidumbre operativa para los permisionarios.

Frente a este escenario, Guzmán Juárez subrayó la necesidad de mantener vigilancia constante sobre los avisos oficiales emitidos por la CNE y resguardar adecuadamente la información documental, de modo de contar con respaldo ante eventuales aclaraciones o requerimientos regulatorios. Asimismo, advirtió que, aunque estas contingencias tecnológicas son relativamente comunes, suele existir descuido por parte de los propios regulados al no documentar oportunamente las incidencias mediante reportes, correos electrónicos o evidencias como capturas de pantalla, elementos que pueden resultar determinantes en futuras revisiones administrativas.

El especialista estimó que la normalización del servicio debería concretarse en un plazo breve, posiblemente entre uno y dos días, dado que la propia Comisión enfrenta dificultades internas cuando sus sistemas no operan plenamente y mantiene interés directo en restablecer su funcionamiento. 

Más allá del incidente puntual, interpreta la situación como parte de un proceso de modernización que apunta a mayor rapidez en los procedimientos y a un control más riguroso del cumplimiento normativo.

En este nuevo contexto regulatorio, se prevé un seguimiento jurídico más activo y la conclusión de sanciones que en etapas anteriores habían quedado inconclusas. La consecuencia directa será una mayor exigencia para los actores del sector, donde el orden administrativo y el cumplimiento en tiempo y forma dejarán de ser prácticas recomendables para convertirse en condiciones esenciales de operación. Quienes no logren adaptarse a este esquema de supervisión más dinámico quedarán expuestos a observaciones, evaluaciones y eventuales sanciones.