La certificación de Estaciones de Servicio se convirtió en un tema clave para el futuro del sector en varios países de Latinoamérica. Con normativas cada vez más estrictas y exigencias regulatorias que buscan garantizar seguridad, transparencia y formalidad, este proceso se posiciona como una condición indispensable para que los empresarios puedan mantener sus operaciones en regla.

En conversación con Surtidores LATAM, Isabel Cristina Cifuentes López, gerente del Instituto Colombiano de Certificación (ICC), explicó que el principal beneficio de contar con la certificación es asegurar la continuidad operativa.

“El beneficio que obtiene al tener la certificación es poder seguir operando, ya que si no tiene la certificación le bloquean el código SICOM para poder realizar órdenes de compra”, señaló, destacando que esta realidad no solo impacta a Colombia, sino que refleja un patrón regulatorio presente en otros mercados de la región.

Países como Perú, Ecuador, México y Chile también avanzaron en la implementación de normas de certificación y auditoría para las Estaciones de Servicio.

Estos estándares, aunque varían en su aplicación, persiguen un mismo objetivo: que la cadena de distribución de combustibles se desarrolle dentro de parámetros claros y verificables. Cabe mencionar que el acceso a permisos de operación y la posibilidad de compra y venta de combustibles dependen, cada vez más, de estos cumplimientos.

Sin embargo, los retos son similares en todo el continente. Cifuentes reconoció que los principales obstáculos se relacionan con la complejidad y los costos asociados. “El reto más complicado para la certificación es cumplir con la normatividad aplicable, ya que en ocasiones son demasiados requisitos y además algunos de estos implican inversiones demasiado altas”, explicó. 

La brecha se hace evidente cuando las exigencias regulatorias no se acompañan de incentivos o programas de apoyo. En varios países, los empresarios reclaman que el proceso de certificación puede convertirse en una barrera de entrada, limitando la competitividad. 

Asimismo, puede dejar en desventaja a quienes no cuentan con respaldo financiero suficiente. Pese a ello, los organismos de control mantienen la postura de que estas medidas son fundamentales para profesionalizar al sector.

Ante este panorama, la gerente del ICC envió un mensaje directo a los propietarios que aún no se acercaron a este proceso. “Si no han iniciado su proceso de certificación, les recomiendo que conozcan la normatividad aplicable, que ese conocimiento hace que las cosas se hagan de una manera más eficiente y los puede llevar a no incurrir en gastos que en ocasiones no son necesarios”, concluyó Cifuentes.