La Comisión Nacional de Energía cerró la semana con una batería de autorizaciones que reflejan tanto la intensificación del trabajo regulatorio como la urgencia de ordenar pendientes heredados de la etapa anterior. En la sesión celebrada el 10 de septiembre, registrada en el portal de la CNE hace apenas unas horas, el organismo aprobó decenas de permisos y actualizaciones que marcan un punto de inflexión en la transición hacia la nueva arquitectura regulatoria.

El comité técnico sancionó, entre otros puntos, la aprobación de 118 permisos para el expendio al público de petrolíferos en Estaciones de Servicio; 181 actualizaciones relacionadas con modificaciones de marca comercial; 10 cesiones de permisos y 2 específicos de despacho para autoconsumo. Las mismas se suman a un mayor volumen de actos administrativos que la CNE incorporó a su registro público desde que asumió funciones.

Según el informe de la sesión, el año comenzó con escasa actividad en materia de permisos, enero sin otorgamientos, y mostró una recuperación sostenida: 23 avales en febrero y 21 en marzo seguido de un paréntesis en abril y mayo durante la transición. Desde junio el ritmo se reactivó hasta registrar picos en agosto, cuando dos sesiones habilitaron 51 y 97 nuevos centros de carga, totalizando 148, y la última sesión de septiembre cerró con 118. En conjunto, el documento señala 316 permisos contabilizados en el año, de los cuales 272 fueron emitidos directamente por la CNE.

En este punto, el experto del sector energético, Luis Omar Guzmán Juárez, mencionó a Surtidores Latam, que la cifra alcanzada este año refleja un desempeño sólido en la gestión regulatoria. Señaló que con 316 permisos, 272 de ellos emitidos por la CNE, se está enviando una señal clara de que el 2025 cerrará con un volumen de puntos de expendio comparable o incluso superior al de los años del gobierno morenista.

Guzmán Juárez explicó, este repunte no solo responde al ritmo de trabajo del organismo, sino también a la necesidad de atender rezagos heredados y establecer un control más estricto sobre obligaciones comerciales, de seguridad operativa y sobre la regularización de errores y omisiones de años anteriores.

Más allá de los números, el organismo puso especial énfasis en robustecer las exigencias administrativas y de seguridad. Entre las obligaciones que ahora cobran mayor relevancia se encuentra la contratación de una póliza de seguro cuya vigencia cubra todo el período del permiso, la acreditación y notificación del pago de la supervisión anual, así como la presentación de instrumentos legales, contratos de arrendamiento, actas constitutivas o dictámenes, con estatus actualizado y formalidad suficiente para dar certeza a la continuidad de la actividad. Estas medidas buscan corregir omisiones históricas y reducir riesgos tanto operativos como comerciales.

El informe también da cuenta de 76 permisos cuyo estatus figura como “terminado”. Una parte responde a revocaciones, mientras que otro porcentaje corresponde a solicitudes de terminación anticipada. En la mayoría de los casos, estas últimas obedecen a proyectos que resultaron no rentables o que no concluyeron su construcción, producto de evaluaciones menos rigurosas en etapas anteriores. Para la CNE, este ajuste forma parte del proceso de normalización y ordenamiento del sector, en el que el organismo busca imponer mayor claridad y certeza jurídica.

Actualmente, el registro público de la Comisión incluye 247 permisos en actividades diversas que van desde expendio al público de petrolíferos y distribución de GLP por reparto, hasta compresión y transporte de gas, descompresión, generación eléctrica y autorizaciones específicas para uso vehicular de gas natural comprimido. La ampliación del espectro de actividades registradas refleja la intención de transparentar y consolidar el control de todo el ecosistema energético.