Colombia avanza en la construcción de una red de movilidad eléctrica que, aunque todavía incipiente, comienza a mostrar cifras concretas y definiciones regulatorias. Según datos oficiales del Ministerio de Minas y Energía, el país cuenta actualmente con 237 estaciones de carga eléctrica y 774 puntos de carga distribuidos en el territorio nacional, un número que refleja progreso, pero también la magnitud del desafío que implica la meta fijada hacia 2030.

El crecimiento de esta infraestructura se da en un contexto de fuerte impulso estatal, donde el Gobierno busca sentar las bases para un sistema de transporte más limpio y diversificado. Sin embargo, la distancia entre los anuncios y la capilaridad real del servicio sigue siendo amplia, especialmente fuera de los grandes centros urbanos, donde la disponibilidad de puntos de carga continúa siendo limitada.

Uno de los ejes centrales de esta estrategia es la Resolución 40559, que establece el marco de interoperabilidad para las estaciones de carga eléctrica. La norma apunta a resolver uno de los principales obstáculos del sector: la fragmentación tecnológica. A partir de esta regulación, los usuarios deberán acceder a información clara sobre precios, disponibilidad y estado de los cargadores, reduciendo la incertidumbre que hoy desincentiva la adopción masiva de vehículos eléctricos.

Cabe mencionar que la resolución también promueve el uso de cargadores universales y la adaptación a estándares internacionales, un punto clave para evitar sistemas cerrados que restrinjan la competencia. 

En teoría, esta interoperabilidad permitiría que distintos operadores convivan en un mismo mercado, generando mejores condiciones para usuarios finales y operadores privados.

Desde el Gobierno sostienen que esta regulación posiciona a Colombia como referente regional en movilidad eléctrica. No obstante, el impacto real dependerá de la velocidad de implementación, del control efectivo de las reglas y de la capacidad de atraer inversión privada en un negocio que todavía enfrenta altos costos iniciales y retornos a largo plazo.

En paralelo, el Ministerio de Minas y Energía presentó un paquete de incentivos orientado a acelerar el despliegue de infraestructura de carga. Entre los beneficios anunciados se incluyen la reducción de costos operativos, mayor flexibilidad para contratar energía en el mercado no regulado y la exención del 20% de la contribución en el consumo eléctrico destinado a la carga de vehículos.

A estos estímulos se suman exenciones de aranceles, IVA y descuentos en el impuesto de renta, medidas que buscan mejorar la ecuación económica para empresas interesadas en invertir en estaciones de carga.