La normativa costarricense incorporó el cuerpo de bomberos en los procesos de fiscalización técnica. Así lo explicó a Surtidores Latam, Pablo Guzmán, director de ingeniería de la Cámara de Empresarios del Combustible, quien señaló que el punto de partida fue la publicación, un decreto del Ministerio de Ambiente y Energía, que introdujo modificaciones en la aplicación normativa para las Estaciones de Servicio en todo el país.

A este escenario se suman los lineamientos de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, que recientemente fueron ajustados y ahora incorporan a un nuevo actor en la supervisión del sector. “ARESEP determinó la necesidad de conocer en qué estado se encuentran las estaciones a nivel de seguridad y delegó esa inspección al cuerpo de bomberos, por ser el ente técnico en la materia”, explicó Guzmán.

El cambio implica sumar un nuevo nivel de control en un mercado ya altamente regulado, donde las estaciones deben cumplir con exigencias vinculadas a la seguridad operativa, la protección ambiental y la garantía de calidad y cantidad del combustible que recibe el consumidor.

El marco normativo también exige la adopción de estándares internacionales como los de la National Fire Protection Association, lo que eleva la complejidad técnica de su implementación. Incluso, el nuevo decreto del MINAE incorpora explícitamente la obligación de cumplir con parte de estas normas.

Para Guzmán, la situación actual es “muy compleja a nivel de información”, y presenta un desafío central: la correcta interpretación técnica. “Muchas estaciones fueron construidas desde los años 50 y han tenido que adaptarse progresivamente”, advirtió.

En ese punto, el directivo fue enfático al señalar uno de los principales problemas históricos del sector, como lo es la falta de criterios unificados. “Lo que buscamos es marcar la cancha, definir reglas claras para que la interpretación técnica sea la adecuada y vaya en un mismo eje para todos los fiscalizadores”, sostuvo.

La multiplicidad de actores, incrementa la necesidad de coordinación. Según Guzmán, sin esa alineación pueden generarse diferencias de criterio que impactan directamente en las inversiones de los operadores. “En el pasado se hacían inversiones importantes que luego eran desestimadas en inspecciones, justamente por interpretaciones distintas de la normativa”, recordó.

La Cámara impulsó en los últimos años un proceso de mayor articulación con los entes reguladores para mejorar la comunicación y reducir la incertidumbre en la aplicación de las normas. “La normativa técnica muchas veces es ambigua y requiere una lectura especializada”, explicó.

“Son normas muy completas, pero también muy generales. Nosotros trabajamos en ‘tropicalizarlas’, es decir, llevarlas a la realidad de Costa Rica, considerando la flota vehicular, la infraestructura vial y las condiciones operativas del país”, detalló.

Como parte de esta estrategia, el Departamento de Ingeniería de la Cámara también avanzó en la acreditación de sus servicios técnicos ante el ente costarricense de acreditación, con el objetivo de brindar mayor respaldo y confianza a sus asociados. Guzmán confirmó que ya cuentan con varios servicios acreditados y que continuarán ampliando este esquema.