Las recientes declaraciones del ministro de Minas y Energía, Palma Egea, sobre la aplicación de la reducción en el precio de la gasolina generaron una fuerte reacción en el sector de la distribución minorista de combustibles. A través de un mensaje publicado en la red social X, el funcionario cuestionó a algunas Estaciones de Servicio por, según afirmó, aplicar de inmediato las subas de precios pero dilatar la baja anunciada, sugiriendo incluso acumulación de inventarios y falta de compromiso con los consumidores.

En su publicación, el ministro sostuvo que la ciudadanía debe ejercer control social y adelantó que, de acuerdo con cálculos preliminares del Gobierno, el precio de la gasolina podría volver a bajar en marzo. Además, agradeció a la Superintendencia de Industria y Comercio por su labor de acompañamiento en los procesos de control, reforzando el mensaje de vigilancia sobre el comportamiento de las estaciones de servicio.

Sin embargo, desde el sector surgieron cuestionamientos a estas afirmaciones. Una fuente relevante de la distribución minorista, que compartió su posición con Surtidores LATAM bajo condición de anonimato, puso en duda que el ministro cuente con datos concretos que respalden sus dichos y calificó el planteo como una generalización basada en “mitos urbanos” sobre la formación de precios en las Estaciones de Servicio.

Según explicó el referente sectorial, en la práctica las resoluciones de precios suelen publicarse en horarios nocturnos, muchas veces los viernes o sábados, lo que hace inviable una actualización inmediata “al minuto” en los surtidores. “No existe un distribuidor minorista que, a las diez u once de la noche, regrese a su estación para modificar carteles y sistemas”, señaló, al tiempo que remarcó que los ajustes operativos requieren tiempos razonables.

En relación con la supuesta acumulación de inventarios para beneficiarse de las subas, la fuente fue categórica al afirmar que esa práctica dejó de existir hace al menos una década. Argumentó que, especialmente durante el actual gobierno, los incrementos de precios han sido impredecibles y sin cronogramas preestablecidos, lo que vuelve riesgoso cualquier intento de especulación. A ello sumó el antecedente de pérdidas sufridas por el sector tras reducciones abruptas ordenadas en administraciones anteriores.

El referente también sostuvo que los distribuidores minoristas sí aplicaron la reducción correspondiente para febrero de 2026 y que ello puede comprobarse con información objetiva. “No se trata de especulación, sino de hechos verificables: el SICOM muestra los precios a los que se compró y vendió el combustible”, indicó, cuestionando que se instale una narrativa de incumplimiento sin acudir a los sistemas oficiales de control.

Respecto de las ciudades donde no se reflejó exactamente una baja de $500 por galón, la fuente explicó que se trata de mercados sometidos al régimen de libertad vigilada de precios, en los cuales cada estación define su margen minorista por disposición legal. Aun así, afirmó que incluso en esos municipios se registraron reducciones en los precios finales al consumidor.

Finalmente, desde una mirada alineada con los intereses de los consumidores, el referente planteó un interrogante de fondo: por qué el Gobierno no avanzó en una reducción mayor del precio de la gasolina para llevarlo a paridad internacional. Según estimaciones del sector, el valor estaba desfasado en cerca de $3.000 por galón y la reciente baja solo representó alrededor del 15 por ciento de ese diferencial. “Antes de señalar supuestos abusos, sería necesario explicar por qué esa corrección estructural sigue pendiente”, concluyó.