La distribución de Gas LP en el país enfrenta un momento de desafíos, ya que empresas del sector han manifestado su preocupación ante la drástica reducción del 50% en la «Tarifa de Distribución» impuesta desde octubre pasado, lo que limita significativamente su operatividad. A esto se suma el alarmante crecimiento del mercado ilegal del «HuachiGas», que no solo afecta las finanzas del sector sino que pone en riesgo la seguridad de la población.

Según expresaron desde la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas (AMEXGAS), esta situación está generando impactos negativos en múltiples niveles. «No solo se trata de una crisis financiera para las distribuidoras, sino de un problema de seguridad nacional. La sustracción ilegal de Gas LP alcanza ya las 50 mil toneladas mensuales, representando pérdidas superiores a los 20 mil millones de pesos anuales para Pemex», señalaron. 

La problemática se agrava con el incremento de tomas clandestinas en los ductos de Pemex, lo que ocasiona daños constantes a la infraestructura de la petrolera estatal y pone en riesgo a comunidades enteras. 

«Cada semana se detectan nuevas fugas y explosiones causadas por extracciones ilegales. Mientras esto ocurre, las distribuidoras formales pierden mercado y se ven forzadas a reducir rutas, afectando el abasto en diversas regiones del país», advirtió AMEXGAS.

El impacto económico y social de esta crisis es preocupante. La disminución en las ventas de las distribuidoras reguladas ha generado una pérdida significativa de empleos en el sector, afectando a miles de trabajadores y sus familias. «Las empresas han tenido que reducir su plantilla laboral ante la imposibilidad de sostener su operatividad con la actual tarifa de distribución y la competencia desleal del mercado ilícito», explicó un representante de la asociación.

Además de las implicaciones económicas y de seguridad, la proliferación del «HuachiGas» tiene repercusiones directas en la seguridad de los consumidores. «Los compradores de este gas ilegal no cuentan con ningún tipo de protección, a diferencia de quienes adquieren el combustible a empresas reguladas. Además, al permitir el acceso de repartidores clandestinos a sus hogares, muchas familias quedan expuestas a otros delitos», subrayaron la asociación. 

También preocupa el impacto ambiental de las fugas de gas derivadas de tomas clandestinas, que generan contaminación y riesgos de explosión en diversas zonas del país. Ante este escenario, AMEXGAS hace un llamado urgente a las autoridades para fortalecer la vigilancia en los ductos de Pemex y aumentar los operativos contra el comercio ilegal de Gas LP. 

«Es fundamental desmantelar redes clandestinas, decomisar vehículos involucrados y revisar la metodología de cálculo de la Tarifa de Distribución, para garantizar la viabilidad de las empresas legalmente establecidas», enfatizó la organización. Además, la asociación sugiere la implementación de incentivos para las empresas que promuevan mejores prácticas en seguridad y eficiencia operativa.