El Gobierno de México decidió jugar una carta decisiva para mantener el control sobre uno de los insumos más sensibles para la economía familiar: el precio de la gasolina. A casi cuatro meses de la firma del acuerdo nacional para estabilizar su costo, los primeros resultados comienzan a notarse en el bolsillo de los consumidores y en la presión regulatoria sobre los proveedores.

Durante la conferencia matutina de este lunes, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante Ruiz, informó que el precio promedio del litro de gasolina regular descendió a 23.56 pesos, una leve baja frente a la semana anterior. “Poco a poco, sigue disminuyendo el valor promedio de la gasolina”, expresó el funcionario, subrayando que la mayoría de las gasolineras adheridas al pacto con el Gobierno se mantienen por debajo del tope acordado de 24 pesos por litro.

La baja en los precios se evidencia sobre todo en la zona centro del país. Tlaxcala encabeza la lista con un promedio de 23.50 pesos, seguido de Querétaro (23.54), Puebla (23.58), Hidalgo (23.61), Estado de México (23.65) y Ciudad de México (23.78). Uno de los índices más bajos registrados la última semana se halló en Zempoala, Hidalgo, donde la estación Servicio El Once, de Pemex, ofrecía el litro a 23.19 pesos.

Pero mientras algunos bajan, otros siguen “volándose la barda”, advirtió Escalante. Un ejemplo emblemático fue la expendedora Petroseven en Saltillo, Coahuila, que vendía el combustible regular a 24.99 pesos, con un margen de ganancia de 3.50 por litro. “En estos casos, vamos a ponerles un tache. No se vale que afecten a los consumidores de esa forma”, señaló el procurador con firmeza.

La respuesta institucional no se hizo esperar. En los últimos días, la Profeco intensificó su estrategia de control colocando lonas y sellos de advertencia en emblemas que operan por fuera del rango establecido o incumplen con la documentación legal. La campaña comenzó en enero con acciones en Monterrey, León y Durango, y recientemente se extendió a puntos como Ciudad de México, Estado de México y Quintana Roo.

Uno de los operativos más notorios ocurrió en una gasolinera BP de la colonia Del Valle, en la capital, donde se colocaron advertencias por ofrecer costos elevados sin mostrar el permiso obligatorio para operar. La frase estampada en las lonas: «No cargues aquí, se vuelan la barda con los precios», se convirtió en una señal visible de una nueva etapa en la política de regulación de combustibles.

Según explicó Escalante Ruiz, estas medidas no implican clausuras inmediatas, pero sí abren procesos administrativos y pueden derivar en sanciones. Además, retirar los sellos oficiales es un delito, y ya se presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República contra una estación en Durango que los removió sin autorización.

El operativo se inscribe en el marco del acuerdo firmado en febrero entre el Gobierno de México y representantes del sector gasolinero para fijar un valor máximo de 24 pesos por litro, con vigencia de seis meses. La iniciativa, bautizada como Política Nacional para Promover la Estabilización del Precio de la Gasolina, busca evitar aumentos injustificados y proteger la economía de las familias mexicanas.

“El compromiso se mantiene”, insistió Escalante. Pero dejó claro que el acuerdo no es decorativo: los márgenes de ganancia excesivos y las irregularidades documentales serán enfrentadas con acciones visibles, sanciones legales y presión pública.