El sector gasolinero mexicano ingresa en una etapa decisiva. Tras un 2025 marcado por reacomodamientos institucionales y redefiniciones regulatorias, el escenario que se proyecta hacia 2026 anticipa un cambio profundo en las reglas de juego.

Desde Ifenerghi, firma especializada en consultoría jurídica y regulatoria para la industria energética, expresaron a Surtidores Latam que el cumplimiento normativo dejará de ser un requisito administrativo para convertirse en un factor clave de permanencia operativa.

“El mensaje que está dando la autoridad es claro: ya no alcanza con cumplir en el papel. Ahora se va a exigir evidencia verificable de cada proceso, desde el origen del combustible hasta su venta final”, señaló Isidro Fernández López, Director General de Ifenerghi.

De acuerdo con el análisis de la consultora, en los últimos meses se intensificó la intención gubernamental de combatir prácticas que afectan la legalidad y transparencia del mercado, especialmente aquellas vinculadas al combustible ilícito, la evasión fiscal y las irregularidades en el transporte y almacenamiento de hidrocarburos.

En ese marco, la implementación de mecanismos de identificación y seguimiento digital, como sistemas de trazabilidad mediante códigos de control, se consolida como una de las principales herramientas de supervisión.

“La autoridad quiere poder rastrear cada litro que circula en el país. Ese es el objetivo final de los nuevos esquemas de control”, explicó Fernández López, al tiempo que aclaró que, si bien algunos mecanismos aún se encuentran en proceso de consolidación técnica, la dirección regulatoria ya está definida.

Uno de los cambios más relevantes será el peso que adquirirá la trazabilidad documental y operativa. Según advirtieron desde Ifenerghi, ya no bastará con presentar reportes periódicos: se exigirá coherencia total entre registros físicos, electrónicos, contables y técnicos.

“Cualquier inconsistencia entre lo que se compra, se transporta, se almacena y se vende puede derivar en observaciones, requerimientos adicionales o incluso procedimientos administrativos que pongan en riesgo el permiso”, alertó el Director de la firma.

En este contexto, el cumplimiento deja de ser reactivo. “Esperar a que llegue una auditoría para ordenar la documentación ya no es una opción viable”, remarcó Fernández López.

Otro factor que marcará el rumbo hacia 2026 es la evolución de los organismos reguladores. Los recientes procesos de reorganización generaron ajustes en tiempos de respuesta, registros públicos y procedimientos internos, pero desde Ifenerghi advirtieron que esto no implica una relajación de las obligaciones.

“Históricamente, los períodos de transición institucional suelen anticipar etapas de supervisión más estrictas y mejor coordinadas”, indicó Fernández López. A la par, se observa una mayor definición de criterios para figuras clave del mercado, como comercializadores y transportistas. 

En años recientes, la falta de claridad en ciertos lineamientos regulatorios derivó en respuestas dispares por parte del mercado e incluso en la judicialización de decisiones administrativas. Para Ifenerghi, este antecedente dejó una lección clara. “La asesoría jurídica especializada y la planeación regulatoria ya no son un costo, son una inversión para la continuidad del negocio”, comentó.

En ese sentido, la firma desarrolló un modelo de acompañamiento preventivo basado en el monitoreo permanente de resoluciones, el análisis de criterios regulatorios y la correcta estructuración de expedientes técnicos y jurídicos. “El objetivo es que el permisionario no solo cumpla, sino que pueda demostrar el cumplimiento de manera ordenada y consistente ante cualquier verificación”, explicó.

“Las empresas que adopten una cultura de cumplimiento integral estarán mejor posicionadas para consolidarse y crecer. Quienes posterguen los ajustes estructurales enfrentarán mayores riesgos regulatorios”, concluyó el especialista.