El Gobierno anunció la semana anterior el inicio del desmonte del subsidio al diésel para vehículos particulares, oficiales y diplomáticos. En ese sentido, la posibilidad de que las Estaciones de Servicio deban controlar el acceso al precio genera preocupación.

Aunque el objetivo declarado es mejorar la sostenibilidad fiscal del país, la decisión también es cuestionada ya que tampoco está claro quién asumirá el costo operativo de la implementación.

La medida excluye al transporte público y de carga, en un intento por evitar un impacto inflacionario y contener posibles reacciones adversas del sector transportador. Desde la Federación de Estaciones de Combustibles y Energéticos de Colombia se preguntan si es justo aplicar el cambio solo a unos pocos.

Uno de los puntos más cuestionados por las Estaciones de Servicio es que el borrador del decreto no aclara cómo se realizará el cobro diferencial ni quién lo implementará. “No tenemos la capacidad tecnológica ni el margen económico para asumir esa tarea”, alertaron desde el gremio, advirtiendo que la sostenibilidad del sector minorista podría verse comprometida.

Frente a este panorama, desde FECEC compartieron con Surtidores LATAM una propuesta que consideran viable y justa para aplicar el nuevo esquema sin afectar a las Estaciones de Servicio ni a los usuarios. La iniciativa plantea utilizar la facturación electrónica ya existente en las estaciones de servicio como medio de verificación y control confiable.

Según explicó la agremiación, la venta de diésel se haría a todos los usuarios al mismo precio (el internacional), registrando la placa del vehículo en la factura. Con este comprobante, las empresas transportadoras podrían gestionar el recobro del subsidio ante el Gobierno.

El Estado, por su parte, verificaría si el vehículo está registrado como transporte público de carga o pasajeros ante el Ministerio de Transporte. FECEC destacó que esta propuesta no requiere inversiones adicionales y permite una aplicación inmediata de la medida, sin transferir responsabilidades técnicas o financieras a las estaciones.

Por último, remarcaron que el modelo incentiva la formalización del transporte, ya que para acceder al recobro los vehículos deben estar afiliados a empresas habilitadas. También facilitaría al Gobierno obtener mejor información sobre la actividad transportadora en el país.