El Gobierno colombiano anunció una nueva fase de inspecciones y control a las Estaciones de Servicio del país, en una acción conjunta entre el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Trabajo. La medida busca garantizar tanto el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas por la normativa como el respeto de los derechos laborales de los trabajadores del sector, uno de los más vulnerables dentro de la cadena de hidrocarburos.

Durante una visita oficial a una zona de frontera, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, junto al titular de la cartera laboral, Antonio Sanguino, remarcó que el Estado no tolerará irregularidades. Palma fue categórico al advertir que “Estación de Servicio que esté en contra de la ley, vamos a bloquear su código en el SICOM y vamos a iniciar los respectivos procesos sancionatorios, como nos ha instruido el señor presidente Gustavo Petro”.

El énfasis en las zonas fronterizas no es casual. Según explicó el ministro, parte de los controles se enfocan en evitar que el combustible destinado al mercado formal termine desviándose hacia economías ilegales. “Como ha dicho el presidente, no puede ir ni una gota de combustible para el narcotráfico, que mata a nuestros soldados y nuestros policías”, señaló Palma, remarcando que esta es una prioridad del Gobierno.

Cabe mencionar que el Ministerio de Minas, a través de la Dirección de Hidrocarburos, tiene la competencia de verificar las condiciones técnicas que deben cumplir las Estaciones de Servicio para operar. En paralelo, el Ministerio de Trabajo supervisa el cumplimiento de los derechos laborales, especialmente en temas como contratación, seguridad y salud en el trabajo. 

Como ejemplo de las falencias detectadas, el ministro Palma mencionó los resultados de las inspecciones recientes en Cúcuta, donde, según aseguró, “el cien por ciento de las Estaciones de Servicio visitadas tienen hallazgos”, sin embargo, no se detallaron públicamente las irregularidades encontradas.

Palma insistió en que el Gobierno aplicará sanciones. El bloqueo del código SICOM, implicaría dejar inmediatamente fuera de servicio a cualquier gasolinera que incumpla la ley. A ello se suma la apertura de procesos administrativos que pueden derivar en multas u otras medidas más severas.

Más allá de los aspectos técnicos y de control del combustible, el Ejecutivo busca posicionar el respeto de los derechos laborales como un eje central de esta estrategia. “Tenemos que proteger a los trabajadores y trabajadoras que están detrás de esta actividad, que todos los días ayudan a movilizar al país, y merecen condiciones de trabajo dignas y seguras”, afirmó el ministro.

Las inspecciones continuarán en distintas regiones del país durante las próximas semanas. El Gobierno insiste en que no se trata de una ofensiva puntual, sino de una política sostenida para ordenar el mercado de combustibles, reducir los desvíos hacia economías ilegales y garantizar que la actividad se desarrolle con estándares adecuados tanto para los trabajadores como para los consumidores.