La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) avanza en la implementación de la declaración de renta sugerida, un mecanismo automático que se construye con base en información reportada por terceros como bancos, empleadores y clientes.

Cabe mencionar que aunque esta herramienta busca simplificar el proceso tributario, la entidad remarca que es el contribuyente quien debe revisar y validar los datos.

En este contexto, ESOCOL, la Asociación de Estaciones de Servicio del Oriente Colombiano, compartió la información con los empresarios gasolineros de Colombia, buscando que el gremio cuente con claridad sobre las obligaciones tributarias.

De acuerdo con las disposiciones vigentes, estarán obligadas a declarar renta las personas con un patrimonio bruto superior a $211.793.000 al cierre del 2024, así como quienes hayan registrado ingresos iguales o superiores a $65.891.000 durante el mismo año. Este parámetro incluye movimientos financieros, compras con tarjeta e ingresos bancarios.

La DIAN aclaró que la declaración sugerida es únicamente un apoyo y no exime de responsabilidad al contribuyente. Cada persona natural o empresario debe confirmar que los datos coincidan con su realidad contable, evitando inconsistencias que podrían derivar en auditorías y sanciones.

La entidad también recordó que la información presentada debe ser veraz, oportuna y completa. En ese sentido, los contribuyentes deben asegurarse de incluir todos los datos relevantes, ya que la omisión parcial o total puede activar procesos de fiscalización posteriores.

Para quienes tengan dudas sobre cómo manejar la declaración sugerida, la DIAN recomienda tres alternativas: solicitar ayuda a través de los canales oficiales de la entidad, acudir a un contador público de confianza y evitar a toda costa omitir información o no presentar la declaración.

Además de ser una obligación, la presentación y el pago de la declaración de renta en Colombia está vigilada de manera estricta por la DIAN. Por ello, cumplir con lo requerido y reportar sin errores es clave para garantizar un proceso transparente y evitar sanciones.