La Comisión Nacional de Energía transita una etapa de reacomodo institucional en un contexto de profundas transformaciones legales en el sector energético. Con nuevas reglas, criterios y procedimientos en vigor, la autoridad reguladora se enfrenta no solo a su propio calendario de sesiones y publicaciones atrasadas, sino también a un universo de trámites plagados de errores, omisiones y confusión por parte de los solicitantes.

“La reconfiguración de las reglas aún causa dudas. Muchos quieren entender la ley conforme a sus intereses, pero por encima de ello debe existir el compromiso de informarse a detalle”, advirtió Luis Omar Guzmán Juárez, analista del sector a Surtidores Latam.

En un entorno donde los marcos anteriores perdieron vigencia, Guzmán Juárez señaló con claridad: “No puede continuar un procedimiento bajo los criterios anteriores y menos cuando contraviene a la actual ley”.

El problema se agrava para quienes mantienen expedientes con múltiples observaciones técnicas y legales. Entre las fallas más comunes, se encuentran la presentación de documentación sin respaldo, el uso de planos ilegibles, la falta de actualización del registro de terceros aprobados, o la falta de correspondencia entre los elementos físicos y lo presentado en papel. Guzmán Juárez puso como ejemplo crítico lo que sucede con la NOM-005-ASEA-2016, norma que está siendo incumplida en varios aspectos clave.

Pese a este escenario, la CNE comenzó a reaccionar. El 11 de junio se celebró una sesión extraordinaria y, dos semanas después, el 25 de junio, se realizó la primera sesión ordinaria del año. Esta planificación fue formalizada mediante el acuerdo CT/1.SE/3-2025, aunque la segunda sesión, llevada a cabo el 9 de julio, aún no cuenta con su acta publicada. “La Comisión irá subsanando estos retrasos, al igual que la actualización del sitio web, la OPE y el registro público”, aseguró Guzmán Juárez.

El desafío se intensifica con la reciente disposición del gobierno que reduce a 70 días el plazo máximo para resolver las solicitudes. Esta política busca agilizar la tramitación, pero también expone el rezago acumulado en expedientes que no han logrado avanzar por errores propios o falta de alineación con la nueva normativa.

En este sentido, Guzmán Juárez expresó su opinión: “Es el momento exacto para desistir ante solicitudes que no van a prosperar y comenzar con nuevos procedimientos desde la nueva normatividad”. Según el analista, insistir en trámites viciados solo llevará a un desgaste innecesario, cuando la mejor decisión sería reiniciar con base en las reglas vigentes.

La CNE, por su parte, mantiene una política de apertura informativa, con registros públicos en constante actualización y un mayor flujo de avisos hacia los regulados. Aunque los desafíos son grandes, la intención manifiesta de la autoridad es clara: alinear los proyectos a un cumplimiento normativo real y sostenible, dejando atrás prácticas laxas o improvisadas que hoy ya no tienen cabida en el nuevo esquema regulatorio.