Ante las altas demandas regulatorias las Estaciones de servicio en México deben superar diferentes retos que van más allá de despachar combustible: adaptarse de forma integral al cumplimiento del Anexo 30, un requisito que rige desde 2022 y que establece disposiciones puntuales para garantizar controles volumétricos precisos. Más allá del tiempo transcurrido desde su entrada en vigor, un alto porcentaje de los permisionarios aún no está al día, lo que los expone a sanciones millonarias e incluso al cese de operaciones.

El Anexo 30, parte del marco normativo aplicable a toda la industria de hidrocarburos y petrolíferos, exige la implementación de un conjunto de herramientas y procedimientos tecnológicos que van desde el uso de software especializado de control volumétrico, hasta calibraciones periódicas, verificaciones técnicas y diagnósticos de funcionamiento. Estos procesos son importantes para asegurar la correcta medición de los hidrocarburos y para que cada estación pueda cumplir con sus obligaciones fiscales ante el SAT.

Según comentaron desde eGas a Surtidores Latam, existen al menos 21 tipos distintos de verificaciones que las gasolineras deben llevar a cabo de manera periódica cada año. Estas incluyen dictámenes de calidad del combustible, revisión de sistemas de medición, bitácoras digitales, protección de datos frente a software malicioso y gestión de almacenamiento de información, entre otras. 

No obstante, estimaciones de la misma compañía indican que aproximadamente un 85 % de las más de 13.800 Estaciones de Servicio que operan en el país no cuentan con un programa integral de verificación que cubra todos estos frentes.

Jesús Monterrubio, Gerente Comercial de eGas, señaló que el marco normativo actual no debe ser visto como una carga, sino como una oportunidad estratégica. “Creemos que estas disposiciones permiten que el permisionario se mantenga vigente en un sector donde la regulación es cada vez más estricta. Cumplir con ellas es, en definitiva, una forma de garantizar continuidad operativa y competitividad”, relató.

El incumplimiento del Anexo no es un asunto menor. Las sanciones pueden ir desde multas elevadas, que en casos extremos alcanzan millones de pesos, hasta la suspensión de los certificados de sello digital, la inhabilitación para facturar y la paralización de actividades. En los casos más graves, incluso podría derivar en la cancelación de permisos y la aplicación de sanciones penales.

Frente a este panorama, el mensaje es intentar adaptarse al marco normativo no es solo una obligación legal, sino una necesidad urgente para operar con seguridad, responsabilidad y permanencia. Aquellas estaciones que implementan adecuadamente los sistemas exigidos por el Anexo 30 no solo evitan riesgos legales, sino que se posicionan con ventaja en un mercado cada vez más exigente.