La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que durante agosto se renovará el acuerdo voluntario con el sector gasolinero para mantener el litro de combustible regular por debajo de los 24 pesos. La medida, vigente desde febrero, se reactivará en un momento en el que la inflación comienza a mostrar señales de desaceleración.

Desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, Sheinbaum destacó que esta política fue importante para contener la presión sobre las tarifas. “Agradecemos a los gasolineros este acuerdo que hicimos para que la Magna no esté por encima de los 24 pesos. Lo vamos a renovar este mes”, expresó la mandataria durante su conferencia matutina. La iniciativa se inscribe dentro del llamado Acuerdo para la Contención de la Inflación y la Carestía, que también involucra a productores de alimentos y empresas de distribución.

El pacto original fue suscrito por 16 grupos gasolineros, entre ellos Gazpro, Hidrosina, Petromax y Grupo Energiamas. Si bien no impone obligaciones legales, permite a las Estaciones de Servicio vender por debajo del tope gracias a un esquema de apoyo logístico y fiscal. Pemex, por su parte, fijó un precio mayorista nacional desde sus terminales de almacenamiento y reparto, mientras que la Secretaría de Hacienda mantiene los estímulos al IEPS para amortiguar el impacto final sobre el consumidor.

El acuerdo establece un diferencial máximo de hasta dos pesos entre el precio mayorista y el final al público, sin incluir el IVA. Con este modelo, se busca generar una red de colaboración público-privada que amortigüe los efectos de la volatilidad internacional del petróleo y refuerce la estabilidad de costos a nivel local.

La renovación del pacto se anunció apenas horas después de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía informara que la inflación en México cayó a 3.51% en julio, acumulando dos meses consecutivos de baja.

Sin embargo, la estrategia no está exenta de críticas. Expertos advierten que el acuerdo podría no reflejar las diferencias de costos logísticos entre regiones, lo que pondría en desventaja a algunas Estaciones de Servicio, en especial en zonas alejadas.

También alertan sobre riesgos colaterales, como el aumento de prácticas ilegales de distribución clandestina, especialmente si los márgenes de ganancia se reducen. Además, el pacto excluye a las gasolineras fronterizas, donde rige una estructura de precios diferenciada gracias a incentivos fiscales. Aun así, el gobierno insiste en su efectividad. 

La firma, prevista para los próximos días, busca ampliar la lista de estaciones adheridas y consolidar el mensaje de que, al menos por ahora, el surtidor no será un enemigo del bolsillo.