Cada vez que un conductor carga combustible, rara vez se pregunta cuál fue el recorrido previo de ese litro que llega al surtidor. Sin embargo, detrás de ese acto cotidiano existe una arquitectura energética compleja que, en latinoamérica, responde a dos modelos claramente diferenciados: países que importan combustibles ya refinados y países que procesan petróleo crudo en su propio territorio.

Economías como Costa Rica, El Salvador y Guatemala operan bajo un modelo importador, adquiriendo derivados ya procesados en el mercado internacional y concentrando sus inversiones en almacenamiento, transporte y distribución. En contraste, países como México, Colombia, Brasil y Argentina cuentan con refinerías activas que les permiten procesar crudo propio o importado, desarrollando una cadena industrial más extensa.

Los países refinadores generan empleo técnico especializado, fortalecen su capacidad industrial y adquieren cierto grado de autonomía operativa. No obstante, también enfrentan altos costos de mantenimiento, exigencias ambientales crecientes y la necesidad de gestionar paradas técnicas que pueden afectar la continuidad productiva. Por su parte, los países importadores reducen la exposición a riesgos industriales complejos y concentran su eficiencia en la logística, aunque mantienen una dependencia estructural de los mercados internacionales.

Uno de los mitos más extendidos en el debate energético sostiene que contar con una refinería propia reduce automáticamente el precio final al consumidor. Sin embargo, la evidencia regional demuestra que el valor en surtidor está determinado principalmente por la cotización internacional del petróleo y sus derivados, la carga impositiva interna, los costos logísticos, los subsidios estatales y el esquema regulatorio vigente en cada país. La producción local, por sí sola, no garantiza precios más bajos si la estructura fiscal o los costos operativos son elevados.

En el caso de Costa Rica, el modelo importador se articula a través de la Refinadora Costarricense de Petróleo, responsable de la importación y distribución de combustibles. No obstante, el precio final que paga el consumidor es definido por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, mediante metodologías tarifarias públicas. Este esquema prioriza previsibilidad y transparencia, aunque con una incidencia significativa de los impuestos dentro de la estructura de precios.

“Al ser un mercado regulado, el país prioriza la previsibilidad tarifaria y la transparencia en la estructura de costos, aunque con una fuerte incidencia de los impuestos dentro del precio final”, afirmó Fernando Barrantes, presidente de la Cámara de Empresarios del Combustible. 

En los mercados liberalizados, en cambio, los distribuidores fijan precios según la dinámica de oferta y demanda. Este modelo puede fomentar mayor competencia comercial, pero también expone al consumidor a una volatilidad más marcada ante fluctuaciones internacionales o tensiones geopolíticas.

Más allá del modelo estructural, las estaciones de servicio cumplen un rol estratégico en ambos esquemas. Son el eslabón final que garantiza almacenamiento seguro, control de calidad, cumplimiento normativo y atención directa al usuario. Además, enfrentan el desafío adicional de adaptarse a una transición energética que comienza a diversificar la matriz, incorporando nuevas tecnologías y alternativas de movilidad.

En Centroamérica, los países afiliados a la Comisión Latinoamericana de Empresarios del Combustible, comparten desafíos estructurales similares: alta dependencia externa, necesidad de eficiencia logística y una transición gradual hacia fuentes más limpias sin contar con producción propia de crudo.