Hoy, al despertarse en la madrugada del 30 de julio, México se enfrentó a una alerta de tsunami tras un fuerte terremoto de magnitud 8,8 frente a la costa de Kamchatka, Rusia, generando llamados a mantenerse alejados de playas y puertos a partir de las 02:00 h, con olas estimadas entre 30 centímetros y un metro, dependiendo del punto del litoral. Las zonas costeras mexicanas bajo advertencia incluyen Baja California, Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Aunque hasta el momento no se reportan daños severos, el episodio evidencia vulnerabilidades acumuladas en la red de distribución y almacenamiento de combustibles, cuya integridad depende directamente del subsuelo.

De acuerdo con expertos en ingeniería y sector energético, el verdadero peligro no es visible sobre el agua, sino bajo tierra. En diálogo con Surtidores Latam, Isaias Romero, director de Consorcio DCP Ingeniería, explicó que estos procesos son acelerados por la extracción excesiva de agua subterránea, la urbanización en suelos blandos y la falta de planificación adecuada.

Como consecuencia, tuberías rígidas de agua, gas y ventilación, así como tanques de almacenamiento, sufren fracturas y deformaciones sensibles ante hundimientos del terreno de hasta 60 centímetros.

En zonas donde el suelo se desplazó, las botas de los dispensarios colapsan, los tanques se resquebrajan y los derrames de combustibles se vuelven inevitables. Romero advirtió que una sola gota de gasolina oxigenada con MTBE puede contaminar un millón de litros de agua potable, un riesgo ambiental de gran magnitud que podría agravarse si ocurre una falla estructural durante un evento sísmico o de tsunami.

Desde la década de 1990, Pemex implementó sistemas de doble contención (doble pared) en tanques y tuberías. Sin embargo, en 1997 las autoridades locales impusieron un tercer contenedor de concreto con relleno de arena en estaciones de servicio, una decisión criticada por Romero por añadir exceso de peso a suelos ya debilitados y aumentar el riesgo estructural.

Ante la alerta costera vigente y la posibilidad real de variaciones abruptas del nivel del mar en múltiples puertos, el sistema de almacenamiento y distribución de combustibles debe ser urgentemente revisado.

Romero concluyó que el Estado debe liderar la corrección de políticas pasadas, destinando recursos para fortalecer redes subterráneas y revisar materiales, así como renovar los protocolos de monitoreo sísmico con especial enfoque en zonas críticas como la falla de San Andrés y áreas vulnerables de la Ciudad de México.