La regulación del sector de combustibles en México atraviesa un momento de transición, marcado por la expectativa y la frustración. Con la creación de la Comisión Nacional de Energía, se buscaba una nueva etapa de orden y agilidad en los trámites regulatorios, especialmente en lo que respecta a los permisos para estaciones de servicio de gasolina y diésel. Sin embargo, a poco más de la mitad del año, los avances son limitados y las señales de eficiencia aún no se materializan.

De acuerdo con el calendario oficial, la CNE debía haber celebrado al menos tres sesiones ordinarias de su Comité Técnico para esta fecha: 25 de junio, 9 de julio y 23 de julio. No obstante, al 25 de julio de 2025 solo se publicaron dos de esas actas en el Registro Público, junto con cinco sesiones extraordinarias. La información disponible revela un balance modesto; una única autorización de permiso de expendio, 41 modificaciones de marca comercial, cuatro cesiones de permisos y apenas dos negativas para nuevas estaciones, además de una para autoconsumo.

“La cantidad de resoluciones es baja si consideramos el dinamismo comercial que vive el país. Hay muchos empresarios que están listos para invertir, pero la tramitología no está respondiendo a ese ritmo”, advirtió a Surtidores Latam, Luis Omar Guzmán Juárez, especialista en derecho energético. Según su lectura, la lentitud no se debe únicamente a cuestiones administrativas, sino a una pesada carga heredada del pasado. 

Este giro hacia el cumplimiento judicial tiene una raíz concreta. Durante los años 2022, 2023 y 2024 se multiplicaron los juicios de amparo contra decisiones, o indecisiones, de la CRE, especialmente frente a la negativa o demora en otorgar permisos para nuevas estaciones o modificaciones. En muchos casos, la CRE no solo omitió responder, sino que también desatendió mandatos de jueces, tribunales y de la propia Suprema Corte. “Ahora, la CNE está obligada a resolver lo que su antecesora dejó pendiente, y lo hace con base en un orden cronológico que prioriza el cumplimiento legal”, explicó Guzmán.

Ese escenario explica por qué muchos de los expedientes abordados por la CNE en sus primeras sesiones no son solicitudes nuevas, sino casos iniciados hace varios años. En otras palabras, más que promover la expansión del sector, la Comisión se encuentra en una fase de corrección institucional, cumpliendo sentencias y regularizando lo que nunca debió haberse frenado.

La pregunta que sobrevuela entre empresarios, abogados y operadores del sector es si este ritmo se mantendrá durante el resto del año. Guzmán cree que es demasiado pronto para hacer predicciones optimistas. “Lo más probable es que, durante los próximos meses, veamos una respuesta continuada a los procesos contenciosos más que una apertura efectiva a nuevos proyectos. La CNE está respondiendo conforme a derecho, pero la velocidad dependerá de su capacidad operativa, que hoy por hoy parece limitada”.

Este panorama obliga a replantear las estrategias de quienes desean participar del mercado energético en México. Las empresas interesadas en obtener permisos deben ajustar sus expectativas y prepararse para procesos más largos y técnicamente exigentes. 

Asimismo, el especialista insiste en que no se trata de una confrontación entre regulador y regulados, sino de una etapa de reordenamiento institucional. Sin embargo, reconoce que la percepción de lentitud puede volverse un obstáculo para el desarrollo. 

Para los actores del mercado, la lección es clara, antes de iniciar un trámite ante el órgano regulador, conviene realizar un diagnóstico legal integral. Anticipar los requisitos, cumplir con todos los parámetros y elaborar cuidadosamente cada solicitud puede marcar la diferencia entre una autorización rápida y un proceso que termine en tribunales.