El mercado de combustibles en Uruguay vuelve a estar en el centro del debate regulatorio, atravesado por indefiniciones normativas y un creciente nivel de judicialización. Con 474 Estaciones de Servicio operativas en todo el país, 283 bajo el sello DUCSA, 101 de AXION y 90 de DISA, la distribución secundaria enfrenta un proceso de revisión que busca reconfigurar el funcionamiento del sector en los próximos años.

Este año, la llegada del nuevo Gobierno encontró a ese sistema condicionado por demoras en aperturas y traslados, expedientes observados y una falta de reglas claras que se fue profundizando con el paso del tiempo. En lugar de ordenar el mercado, el régimen vigente terminó acumulando conflictos entre los distintos actores de la cadena, con impacto directo en el negocio cotidiano del despacho de gasolina y diesel.

Fuentes del mercado con conocimiento directo del proceso, consultadas por Surtidores, señalaron que la Ley de Urgente Consideración estableció una hoja de ruta para introducir cambios en el sector, con el objetivo de avanzar hacia un esquema más competitivo.

Durante el período anterior se realizaron instancias de consulta pública y se recabó la opinión de expertos, pero la ausencia de un reglamento integral con definiciones claras, sumada a la magnitud de los intereses involucrados, derivó en una batería de acciones judiciales impulsadas por transportistas, distribuidores, sellos y concesionarios.

La complejidad técnica del sector y la falta de un marco regulatorio definitivo trasladaron buena parte de estas controversias al plano jurídico. En ese contexto, varias de las disputas terminaron siendo dirimidas en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. El reciente fallo del TCA recogió principios vinculados a la libertad de competencia y al respeto del marco constitucional, reforzando la idea de que un mercado más abierto puede generar beneficios para el consumidor final.

En este escenario, los operadores aparecen como el eslabón más expuesto. Bajo un mismo sello conviven realidades muy distintas, como pequeñas y medianas empresas con alta dependencia del distribuidor, operadores con mayor respaldo financiero y estaciones propiedad de los propios mayoristas que compiten directamente en el mercado minorista.

Esta heterogeneidad explica el creciente reclamo de mayor libertad para cambiar de sello, frente a la resistencia de las distribuidoras y a la posibilidad, ahora habilitada por la Justicia, de que los sellos amplíen su red de estaciones propias.

Sobre este telón de fondo, el Poder Ejecutivo resolvió encomendar a la URSEA la elaboración de una regulación integral para la distribución de combustibles. El mandato establece un plazo máximo de dos años para presentar un marco normativo completo que ordene el funcionamiento del mercado y brinde previsibilidad a los distintos actores.

Fernanda Cardona, Ministra de Industria, Energía y Minería, señaló que el desafío será administrar el período de transición sin profundizar los conflictos existentes. El MIEM reconoció que el régimen vigente quedó desactualizado frente a los cambios introducidos por la LUC y por los pronunciamientos judiciales, lo que obliga a repensar criterios vinculados a la apertura de nuevas estaciones, los traslados, la vinculación contractual y la competencia entre sellos.

Mientras se avanza en la construcción de esa nueva regulación, el sector continúa operando bajo reglas parciales y resoluciones administrativas que, en muchos casos, terminan siendo cuestionadas en sede judicial.

Para los operadores de Estaciones de Servicio, el proceso abre una etapa de expectativa, pero también de cautela, ya que las definiciones que se adopten impactarán directamente en la estructura del negocio, el equilibrio entre los distintos actores y las posibilidades de desarrollo a mediano y largo plazo.