La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente avanza hacia una nueva etapa del Registro Nacional de Gasolineras, con el foco puesto en la regularización de las Estaciones de Servicio del país. Tras una primera fase centrada en el diagnóstico y recopilación de información, el organismo se prepara para emitir un Acuerdo de Regularización que busca ordenar y corregir omisiones detectadas en instalaciones existentes.
Según explicó Luis Omar Guzmán Juárez, especialista del sector, a Surtidores Latam, esta segunda fase representa una oportunidad para el sector. En la etapa inicial del programa, se solicitó a las expendedoras información técnica y documental con el fin de identificar errores y omisiones que, en muchos casos, se habían acumulado por años debido al desconocimiento o la falta de asesoría adecuada. Guzmán advirtió que ahora comienza un proceso correctivo y legal que, si no se atiende con responsabilidad, puede derivar en multas, sanciones o incluso en el cierre de emblemas.
Armando Ocampo, titular de la ASEA, dejó en claro que el propósito de esta segunda fase es lograr un ordenamiento integral. La intención no es castigar, sino subsanar las irregularidades acumuladas con base en un marco normativo vigente. El especialista explicó que si bien podría implicar el pago de derechos por cada error declarado, estos montos serán mínimos en comparación con el impacto económico que puede significar la clausura definitiva de una estación.
Desde su mirada técnica, Guzmán resaltó que los controles estrictos en materia operativa y ambiental no son una carga, sino una garantía para la seguridad de clientes, trabajadores y comunidades cercanas. Enfatizó que “el cumplimiento de las normas no es opcional”, ya que se trata de una obligación respaldada por la legislación ambiental y de seguridad vigente.
Entre las correcciones más frecuentes que deberán enfrentar las estaciones figuran la actualización de planos, ajustes por el cambio en la cantidad de dispensarios, incorporación de módulos satélite, incorporación de nuevos productos por posición y modificaciones no reportadas en los tanques de almacenamiento. También se mencionan discrepancias en autorizaciones ambientales debido a variaciones en la capacidad operativa que no fueron comunicadas, ya sea a nivel estatal o federal.
Guzmán remarcó que el éxito del proceso depende en buena parte de contar con una asesoría técnica y legal sólida. En ese sentido, alertó sobre la proliferación de proveedores sin experiencia, cuyos errores ya fueron causa de múltiples observaciones por parte de la autoridad. Para evitar estas fallas, recomendó identificar profesionales con enfoque multidisciplinario y conocimiento específico del marco regulatorio.
Además, recordó que la ASEA modernizó su sistema de atención con el lanzamiento de la versión 2.0 de la Oficialía de Partes Electrónica, lo que permitirá que gran parte de los trámites y notificaciones se realicen de manera digital, eliminando la necesidad de acudir físicamente a las oficinas del organismo en Ciudad de México.
Como cierre, Guzmán subrayó que no se debe confiar en una eventual prórroga: “Hay que actuar en tiempo y forma”. Con la emisión del Acuerdo de Regularización en puerta, las estaciones que no hayan iniciado su proceso de adecuación tienen una ventana de oportunidad que no conviene desaprovechar.
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